Un revés contundente cayó este jueves sobre la Casa Blanca el juez Joseph Laplante, del Tribunal de Distrito de New Hampshire, paralizó a escala nacional la orden ejecutiva con la que Donald Trump pretendía restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Con su fallo, el magistrado impide que la medida entre en vigor el 27 de julio y concede una pausa de siete días al Gobierno para apelar, argumentando que negarle la nacionalidad a recién nacidos “provocaría daños irreparables” y vulneraría la Décimo Cuarta Enmienda.
Según la agencia EFE, Laplante insistió en que la ciudadanía estadounidense “es el mayor privilegio que existe en el mundo”, subrayando la brusquedad de cambiar “una política centenaria” con un simple decreto. El caso fue presentado como demanda colectiva por la Unión de Libertades Civiles (ACLU), que representa a padres migrantes incluida Barbara, una solicitante de asilo hondureña cuyo primer hijo nacerá en octubre y a todos los bebés que pudieran quedar apátridas.
Una estrategia que esquiva la nueva doctrina del Supremo
La decisión llega apenas dos semanas después de que el Tribunal Supremo limitara los llamados universal injunctions, al declarar que los jueces de distrito no pueden bloquear políticas federales más allá de los demandantes directos. Sin embargo, la misma sentencia dejó abierta la puerta a las acciones colectivas bajo la Regla 23. Laplante aprovechó ese resquicio al certificar la demanda como clase nacional, otorgándole de facto el alcance que el Supremo acaba de restringir.
Qué pretendía la orden y a quién afectaba
La disposición firmada por Trump establecía que, para ser ciudadano al nacer, al menos uno de los padres debía poseer ciudadanía estadounidense o residencia legal permanente. De aplicarse, expertos calculan que cada año se negaría el pasaporte a más de 150 000 bebés; la mayoría son hijos de inmigrantes indocumentados o de personas con visas temporales.
El peso de la historia constitucional
El juez basó parte de su razonamiento en el precedente de United States v. Wong Kim Ark (1898), cuando la Corte Suprema confirmó que un niño nacido en San Francisco de padres chinos extranjeros y no elegibles para naturalizarse era ciudadano por ius soli. El fallo cimentó la interpretación literal de la cláusula de ciudadanía: “toda persona nacida en Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción”.
Reacciones y próximos pasos
La Casa Blanca condenó la decisión, alegando que la “uniformidad” de estatus de los demandantes no está probada y advirtiendo que insistirá en su posición de que el Congreso y no los tribunales debe definir los alcances de la Enmienda XIV. Sus abogados disponen ahora de una semana para solicitar una suspensión en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito o directamente en el Supremo, un movimiento casi seguro dada la relevancia política del asunto.
Los defensores de los inmigrantes celebraron el resultado como “una victoria trascendental” que protege no solo a los demandantes sino a futuras generaciones de estadounidenses. Aun así, reconocen que el litigio está lejos de terminar el Gobierno podría intentar limitar la clase certificada o solicitar al Supremo que revise la constitucionalidad de la propia ciudadanía por nacimiento, un debate que hasta ahora el alto tribunal había evitado reabrir.
Implicaciones más allá del tribunal
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Crisis humanitaria evitada: De haberse aplicado la orden, hospitales, registros civiles y agencias federales habrían enfrentado un limbo legal sin precedentes para documentar a recién nacidos.
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Precedente sobre el alcance de los jueces: Laplante ilustra cómo los tribunales pueden seguir deteniendo políticas federales, siempre que certifiquen adecuadamente una clase.
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Ecos electorales: Con las presidenciales de 2028 asomándose en el horizonte político, el tema promete reavivar discursos sobre inmigración y tribunales “activistas”.
Para los juristas, el fallo reafirma que el poder ejecutivo tiene límites incluso cuando cuenta con la anuencia inicial del Supremo para restringir la vía de las injunciones universales. En palabras del propio Laplante “La Constitución no es un trámite; es la garantía de que ningún niño nacido bajo nuestra bandera será despojado de su derecho más básico pertenecer”.
