El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves en primera lectura y remitió a la Comisión Permanente de Seguridad Social el proyecto de ley que busca que todo adulto mayor en pobreza o vulnerabilidad ingrese de forma automática al régimen de pensiones solidarias del Estado. La iniciativa, presentada por el diputado nacional Ramón Raposo (PRD), recibió respaldo casi unánime en la sesión ordinaria.
La información se extrae del expediente legislativo consignado en la Secretaría General del órgano, donde se detalla que la pieza modifica artículos clave de la Ley 87-01 y del decreto 381-03 para recortar trámites y eliminar la burocracia que hoy dificulta acceder a la ayuda estatal. Además, el proyecto ordena que el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) envíe listados trimestrales con los adultos mayores de 60 años clasificados como indigentes o de muy bajos ingresos, a fin de que la Tesorería de la Seguridad Social los incorpore de oficio.
Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), alrededor de 259 mil dominicanos mayores de 60 años están fuera del mercado laboral; un número importante sobrevive con menos de dos dólares diarios, sin cobertura previsional formal. Para organizaciones como ASONAFISS, el dato demuestra que el pilar solidario de la seguridad social creado hace más de dos décadas se quedó corto frente al rápido envejecimiento poblacional del país.
El proyecto también coloca a República Dominicana en sintonía con reformas recientes de la región. Por ejemplo, Colombia estrenará en julio su “Pilar Solidario”, que otorgará una renta básica mensual a mayores sin pensión, mientras Chile discute ampliar su Pensión Garantizada Universal. De aprobarse aquí, la pensión dominicana pasaría de un beneficio discrecional a un derecho automatizado similar al de esos programas.
No obstante, el camino legislativo apenas comienza. Tras el estudio en comisión, la pieza deberá volver al hemiciclo para una segunda lectura y luego pasar al Senado, donde se anticipan debates sobre su financiamiento. El Gobierno ya aporta RD$11 mil millones anuales al Fondo de Solidaridad Social; sumarle los nuevos beneficiarios costaría entre RD$4 mil y RD$6 mil millones adicionales, según cálculos preliminares de la Dirección de Presupuesto. El Ministerio de Hacienda no ha revelado aún de dónde saldrían los recursos.
Especialistas advierten que, sin una fuente estable impuestos selectivos o reasignaciones de subsidios, la promesa podría convertirse en letra muerta. Aun así, la propuesta marca un giro pasa de la lógica de “hacer fila” a la de “derecho adquirido”. Si el Congreso logra cuadrar la caja, más de un cuarto de millón de envejecientes dominicanos podría dejar de depender de la caridad y recibir un ingreso mínimo digno, sin tener que rogarle a nadie.
