Un operativo de madrugada puso fin a la década de huida de Juan Pablo Severino Álvarez, alias “Popín”, capturado frente a la discoteca Bonsay mientras conducía un Toyota Corolla S azul. El arresto, ejecutado por la unidad Z-8 de la Policía Nacional bajo la dirección del general Eduardo Escalante Alcántara, responde a la orden No. 301-01-1062-2023 por homicidio, robo agravado y porte ilegal de armas, emanada tras el asalto de 2014 en el paraje Guananito donde murió Julio César Acosta Aquino y otras dos personas resultaron heridas. Durante la detención se le ocuparon RD$42 000, US$400, dos iPhone y varias prendas, bienes que ahora forman parte de la evidencia judicial.
Severino se había fugado en 2017 de la cárcel de Villa Altagracia, agrandando su prontuario y complicando la labor policial. Aun así, la investigación nunca se detuvo: el cerco electrónico sobre sus movimientos y la coordinación interregional permitieron seguirle la pista hasta su rutina nocturna en la capital.
Condenas previas y peso del caso
El expediente cuenta con otros implicados que ya cumplen condena, como Kennedy Ramírez Ferreira, sentenciado a 20 años. Que un eslabón faltante caiga tras tanto tiempo envía un mensaje claro sobre la capacidad de las autoridades para cerrar procesos largos, un reclamo frecuente de los familiares de víctimas.
Seguridad ciudadana: luces y sombras
La captura coincide con una tendencia a la baja en la violencia letal: la tasa nacional de homicidios descendió a 7.79 por cada 100 000 habitantes al 20 de junio de 2025, la más baja en tres años, según la Fuerza de Tarea Conjunta para la Seguridad Ciudadana. Otro reporte del Ministerio de Interior y Policía sitúa la media anual en 8.3, consolidando un descenso sostenido desde 2022. Estas cifras colocan al país entre los de menor letalidad en la región, de acuerdo con la ONG InSight Crime.
Sin embargo, expertos advierten que los delitos contra la propiedad y el porte ilegal de armas como los que se imputan a Popín siguen lastrando la percepción de seguridad. La Policía reporta que, solo en el primer semestre de 2025, las armas de fuego figuraron en el 72 % de los robos violentos denunciados. Aunque el dato confirma que la violencia letal baja, subraya la urgencia de reforzar el control de armas y los programas de reinserción para ex-reclusos.
¿Qué sigue?
Ahora corresponde al Ministerio Público presentar la acusación formal y solicitar medida de coerción. Dado el historial de fuga, la Fiscalía adelantó la petición de prisión preventiva y traslado a un centro de máxima seguridad. Mientras, los familiares de Julio César Acosta esperan que la justicia cierre definitivamente un capítulo que se extendió por más de una década.
La detención de “Popín” se alinea con la estrategia oficial de “prófugo cero”, que ya suma 413 aprehendidos en lo que va de año. Falta ver si el sistema penal puede traducir este golpe mediático en una condena firme que reafirme que, tarde o temprano, el largo brazo de la ley alcanza a quienes intentan burlar la justicia.
