La consternación que arropa todavía a cientos de familias tras el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set —una fiesta que terminó en desastre el 8 de abril— se combina ahora con la frustración de tener que tramitar decenas de actas de defunción en medio del duelo. Testimonios en redes sociales denunciaban que los certificados emitidos aparecían “vacíos”, sin causa de muerte ni lugar exacto del deceso; un vacío que encendió las alarmas y amplificó la indignación colectiva.
Como detalla Scharazade Rodríguez en Listín Diario, la oficial del Estado Civil de la Décima Circunscripción, Sofía Ureña Rodríguez, salió al frente para aclarar el procedimiento: la oficialía no inventa ni cambia datos; simplemente transcribe la información que recibe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). “Aquí no se puede ni quitar ni poner”, insistió Ureña ante familiares agolpados en su oficina de la avenida Rómulo Betancourt, subrayando que el sistema de registro obliga a consignar una causa médica concreta y el lugar de la muerte.
Ese matiz técnico, que parece menor, se vuelve crucial cuando el país entero intenta procesar un saldo que ya asciende a 231 víctimas mortales y más de 260 heridos, de acuerdo con el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencias citado por CNN en Español CNN Español. La magnitud de la catástrofe obligó a la Junta Central Electoral (JCE) a instalar una unidad móvil en la morgue de INACIF para acelerar trámites, un gesto inusual que, según comunicó el propio organismo, busca “aligerar la carga emocional y logística” de los deudos Junta Central Electoral.
Ureña reconoce que, aun con el esfuerzo institucional, el verdadero duelo apenas comenzará “cuando pase Semana Santa y las familias, ya con papeles en mano, enfrenten la ausencia en la casa”. Psicólogos consultados coinciden en que el proceso administrativo —copias, sellos, filas interminables— puede reabrir la herida emocional cada vez que se repite. En otras palabras: la burocracia no solo certifica la muerte, también la hace palpable.
Además, expertos en derecho civil recuerdan que la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil obliga a registrar defunciones en la demarcación que figure en la cédula del fallecido. Por eso Ureña enfatiza que un doliente de Baní o Puerto Plata no necesita viajar a Santo Domingo; basta con acudir a la oficialía de su municipio y presentar el certificado expedido por INACIF. Esa descentralización, sin embargo, contrasta con la realidad de familias de escasos recursos que “no saben a quién preguntar” o no pueden costear varios viajes entre provincias.
La duda que sigue en el aire es por qué algunos certificados llegaron aparentemente incompletos. INACIF no ha ofrecido una explicación oficial, pero fuentes médicas consultadas señalan que la avalancha de cadáveres y la urgencia por entregarlos a sus parientes pudo generar retrasos en la redacción final de las causas de muerte. No obstante, el protocolo establece que ninguna acta puede cerrarse sin diagnóstico; de lo contrario, el sistema de la oficialía la rechaza automáticamente.
Mientras tanto, organizaciones de ingenieros y arquitectos reclaman reformas al Código de Edificaciones, y varias familias ya han entablado la primera demanda colectiva contra los dueños del Jet Set y autoridades municipales, un proceso que —de prosperar— sentará jurisprudencia sobre la responsabilidad civil en espacios de entretenimiento
