La rápida captura de Yúnior Lazarito Sánchez, de 26 años, presunto responsable del homicidio de la joven Paula Santana Escalante, ha sacudido la Zona Franca de Las Américas y vuelto a encender las alarmas sobre la seguridad dentro de los parques industriales del país. Paula, de apenas 23 años, fue hallada sin vida en una alcantarilla del complejo con claros signos de violencia, un caso que reaviva el debate sobre la vulnerabilidad de las trabajadoras en estos espacios.
Según Noticiasoriental, Sánchez vecino de La Caleta y compañero de labores de la víctimafue apresado mientras se encontraba en su residencia y trasladado de inmediato a la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este-Norte para que se le conozcan medidas de coerción. El operativo se ejecutó bajo la supervisión directa del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, jefe de la Policía Nacional, y del general Pedro Ignacio Matos Pérez, titular del DICRIM, quienes ordenaron “prioridad absoluta” al caso tras las primeras evidencias encontradas.
Fuentes de la investigación indican que las cámaras internas de la empresa y testimonios de colegas fueron clave para vincular a Sánchez con la escena del crimen: la joven habría sido vista por última vez saliendo de su puesto de trabajo rumbo a un área común donde, presuntamente, el hoy detenido la interceptó. La hipótesis principal señala una agresión directa, sin mediación de robo, lo que coloca el caso en la sombría lista de feminicidios que sacuden al país.
Ese contexto no es menor de acuerdo con la CEPAL, la República Dominicana registró 2,4 feminicidios por cada 100 000 mujeres en 2023, ubicándose entre los tres índices más altos de la región. Expertos en seguridad consultados insisten en que la combinación de jornadas nocturnas, áreas mal iluminadas y ausencia de protocolos de transporte seguro expone a las trabajadoras de las zonas francas a riesgos evitables. El Ministerio de Industria y Comercio anunció que revisará, junto al Consejo Nacional de Zonas Francas, los estándares de protección que hoy son meramente “recomendaciones”, con la promesa de emitir una norma vinculante antes de que termine el año.
Mientras tanto, colectivos feministas como CIPAF y Núcleo de Apoyo a la Mujer han convocado a una vigilia frente al edificio de la Procuraduría para exigir que el proceso judicial avance con celeridad y se apliquen penas ejemplares. “Aquí no basta apresar al culpable; necesitamos garantías de no repetición”, advirtió la socióloga Nathalie María durante una rueda de prensa. La familia de Paula, por su parte, ha pedido respeto y privacidad, pero ha dejado claro que dará seguimiento estricto al expediente.
El caso de Paula Santana una joven que apenas comenzaba su vida profesional cimenta la urgencia de políticas de prevención más allá de discursos; la industria de zonas francas aporta cerca del 4 % del PIB, pero cada tragedia como esta amenaza con erosionar la confianza y el bienestar de su fuerza laboral. Mientras el Ministerio Público formaliza cargos, la sociedad dominicana espera que esta vez la justicia llegue, y que el nombre de Paula no engrose una estadística más, sino que marque un punto de inflexión hacia entornos laborales realmente seguros.
