Dos hombres terminaron esposados la madrugada del domingo en Las Guanábanas, Tábara Arriba, cuando soldados del 12.º Batallón de Montañeros pararon su miniván Toyota Lite Ace blanca. Dentro viajaba una mujer haitiana sin documentos. Los detenidos Gregorio Ramírez del Carmen y Francis del Rosario Arnó trataron de botar sus cédulas en plena marcha, pero los militares las recuperaron de una vez. Ahora el trío y el vehículo reposan en la Fortaleza 19 de Marzo, a la espera de que Migración y el Ministerio Público decidan la suerte de cada quien.
La escena no es aislada. Desde abril, el Gobierno reforzó los retenes fronterizos y los puntos móviles de verificación, alegando “seguridad nacional” ante la crisis que desangra a Haití. Reuters documentó que estos operativos suman drones, cámaras térmicas y más de 1 000 nuevos efectivos desplegados en la franja con El ías Piña y Dajabón.
Los números reflejan la mano dura: solo en 2024 se ejecutaron 276 215 deportaciones de haitianos, casi el triple que en 2023, según datos oficiales reseñados por France 24. Ese ritmo continuó en 2025 con redadas que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, afectan incluso a mujeres embarazadas que temen acudir a los hospitales por miedo a ser retornadas.
Juristas consultados señalan que los dos dominicanos podrían enfrentar cargos bajo la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que castiga el transporte de extranjeros indocumentados con hasta diez años de prisión y fuertes multas. La haitiana, por su parte, entraría en el protocolo de deportación acelerada que Migración aplica a quienes no logran demostrar arraigo ni permiso de estadía.
Más allá del caso puntual, el aumento de controles presiona a la economía informal que depende de mano de obra haitiana en agricultura y construcción. Empresarios de Azua y San Juan advierten que la escasez de jornaleros ya encarece la cosecha de plátano y el levantamiento de naves avícolas. Mientras, defensores de derechos humanos reclaman al Estado un enfoque menos punitivo y más coordinado con la comunidad internacional para atacar la raíz del problema la violencia y la pobreza extrema que expulsan a miles de haitianos cada mes.
En definitiva, el operativo en Las Guanábanas confirma que la frontera dominico-haitiana sigue siendo un tablero de tensiones donde se cruzan seguridad, comercio y humanidad. Cada detención suma en la estadística, pero deja pendiente la gran pregunta ¿hasta cuándo la isla resistirá sin una estrategia binacional que combine control, oportunidades y respeto a los derechos fundamentales?
