La tensa novela entre la Escuela Turística del Caribe (ETC) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) entró en su capítulo final la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró nulo por oficio el último recurso de apelación del CDP y ratificó que la ETC debe ser reinstalada, sin excusas, en las áreas que alquiló hace ya más de una década.
Según reseñó N Digital cuando el conflicto volvió a las portadas en 2024, el contrato de arrendamiento del 10 de septiembre de 2013 otorgaba a la escuela la azotea, el tercer piso completo, parte del primer nivel y todos los parqueos del edificio ubicado en la avenida George Washington. Esa sentencia inicial (064-14-00238) quedó firme tras varios intentos fallidos de apelación, y hoy la orden de entrega voluntaria notificada por la Fiscalía es la última llamada antes de que intervenga la fuerza pública.
La ETC ya había advertido tal como publicó RDÉ Digital que agotaría “todas las vías legales” si el gremio no cedía el inmueble. La escuela sostiene que el cierre impuesto en 2014 por el entonces presidente del CDP, Olivo de León, dejó sin clases a cientos de estudiantes de hotelería y turismo y provocó daños económicos que todavía cuantifican sus abogados.
¿Hasta dónde puede estirarse la cuerda? En la justicia dominicana, una decisión con “autoridad de cosa irrevocablemente juzgada” es inapelable: ya no queda recurso ordinario ni extraordinario que la tumbe. El propio Tribunal Constitucional ha insistido en que, en ese nivel, la sentencia pasa a ser “ley entre las partes” y su cumplimiento es obligatorio, incluso para el Estado.
Para el CDP el panorama luce cuesta arriba. La sentencia lo condena en costas y lo obliga a desalojar cualquier otro inquilino. Además, la ETC podría demandar indemnizaciones por lucro cesante y daños a su imagen. No sería la primera vez que un gremio profesional dominicano enfrenta serios apuros financieros tras ignorar fallos civiles.
Del lado de la ETC, el fallo levanta una oportunidad: reactivar programas de formación turística justo cuando el país busca elevar la calidad de su capital humano para competir en mercados de alto valor. De hecho, estudios de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo apuntan que, para 2026, el sector necesitará 25 % más técnicos especializados en hospitalidad y gastronomía.
A corto plazo, la atención se centra en si el CDP entregará el edificio sin resistencia. Si no lo hace, la fuerza pública ejecutará la orden; un episodio que, de materializarse, marcaría un precedente incómodo para cualquier institución que trate de burlar contratos civiles amparados por sentencia firme.
Mientras tanto, profesores y estudiantes de la ETC aguardan con maletas empaquetadas: quieren volver a sus aulas con vista al Malecón y dejar atrás once años de litigio que, irónicamente, ya son material de estudio obligado para cualquier clase de Derecho Inmobiliario en el país.
