La cruzada contra las retransmisiones pirata de los partidos de LaLiga se ha convertido, en pocas semanas, en una pesadilla para miles de usuarios y negocios que nada tienen que ver con el fútbol. Desde febrero de 2025 ‑y sobre todo cada fin de semana‑ docenas de proveedores españoles de internet bloquean rangos completos de direcciones IP, lo que deja fuera de línea a empresas, medios y comercios alojados en infraestructuras compartidas como Vercel, Cloudflare o GitHub Pages.
Según detalla Miguel Terán Haughey enelEconomista, la liga española obtuvo una orden judicial que le permite exigir a las ‘telecos’ el cierre exprés de cualquier IP asociada a emisiones ilegales. Javier Tebas, presidente del torneo, minimizó los “daños colaterales”, calculados en webs que apenas reciben un centenar de visitas diarias, alegando que “es algo que hay que asumir” para proteger los derechos televisivos.
La respuesta internacional no tardó. La estadounidense Vercel denunció que la medida “se ha vuelto una forma de censura sin contrapeso”, porque se bloquean IPs “al por mayor”, sin analizar si detrás hay contenido pirata o un emprendimiento legítimo; usuarios en España no pueden acceder a sitios servidos por IPs como 66.33.60.129 o 76.76.21.142, que alojan desde revistas digitales hasta tiendas en línea.
Otro gigante de la nube, Cloudflare, fue más allá y llevó a LaLiga a los tribunales al considerar “desproporcionados” unos bloqueos que habrían dejado “a millones de internautas sin servicio” durante varias jornadas. La compañía acusa a la liga de no advertir al juez del impacto sobre terceros y de situar sus intereses comerciales por encima del derecho a un internet abierto.
Las cifras que maneja la patronal futbolística explican la dureza de su ofensiva: entre 600 y 700 millones de euros se esfuman cada temporada por culpa de la piratería, y solo en un fin de semana se bloquean alrededor de 3 000 IPs, revelan datos recopilados por Cybernews.
Sin embargo, expertos en derechos digitales recuerdan que España sigue figurando como país “Libre” con 90 de 100 puntos en el índice Freedom in the World 2024 de Freedom House; el ecosistema legal español protege la libertad de expresión, pero no prevé que una entidad privada dicte qué IPs deben quedar inaccesibles sin control judicial ex‑post.
El contraste salta a la vista cuando se mira al Reino Unido. Allí, la Premier League también posee órdenes de bloqueo dinámico, pero las peticiones deben identificar servicios ilícitos concretos (dominios o IPTV), y se revisan periódicamente en los tribunales para evitar excesos.
Mientras tanto, desarrolladores españoles comparten en foros y GitHub pequeños “parches” para saltar los filtros, y organizaciones como la Fundación PuntCAT amenazan con acciones legales por la caída de miles de sitios .cat que no tienen nada que ver con el fútbol.
¿Qué puede pasar ahora?
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Si los juzgados ratifican la legalidad del bloqueo masivo, otras ligas deportivas o majors cinematográficos podrían copiar la estrategia, fragmentando aún más la red.
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Si prosperan las demandas de Cloudflare o Vercel, el caso sentará un precedente sobre el límite entre protección de derechos y censura privada en la UE.
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Mientras se resuelve, pequeñas y medianas empresas españolas seguirán pagando los platos rotos: ventas perdidas, servicio técnico desbordado y la sensación de que el “apagón” puede repetirse el próximo fin de semana.
Al final, compai, la pelota está en la cancha de los tribunales. LaLiga tiene razones para cuidar su negocio, pero la forma de hacerlo está dejando demasiadas víctimas inocentes fuera de juego.
