Verón, Punta Cana. El Tribunal Colegiado de La Altagracia impuso ayer la pena máxima de 30 años de prisión a Carmen Jiménez por la tortura y el asesinato de su sobrino de ocho años, ocurrido el 13 de enero de 2024. La lectura de la sentencia se hizo en audiencia pública bajo estrictas medidas de seguridad.
De acuerdo con el fallo, Jiménez purgará la condena en el Centro de Privación de Libertad Higüey Mujeres. Durante la audiencia exhibió escaso remordimiento; incluso se arrodilló brevemente junto al banquillo antes de ser retirada de la sala, gesto que generó indignación entre los presentes.
La investigación del Ministerio Público documentó un patrón sistemático de golpes, quemaduras y mutilaciones que terminó cobrando la vida del menor. Un informe forense reveló 147 heridas de arma blanca y signos de abandono extremo, detalles que conmocionaron a la comunidad y a las autoridades.
La crudeza del caso reaviva la conversación sobre el maltrato infantil en el país. Según UNICEF, un 64 % de los niños dominicanos de entre 1 y 14 años ha experimentado violencia física o psicológica por parte de sus cuidadores, una cifra que escala al 70 % en el grupo de 3 a 4 años.
Juristas recuerdan que los artículos 296 al 302 del Código Penal dominicano fijan en 30 años la sanción máxima para homicidio, parricidio o infanticidio. El presidente Luis Abinader ha admitido que “hay que endurecer esas penas”, mientras el Senado aprobó en 2024 un proyecto de reforma que permitiría acumular sentencias de hasta 60 años en casos graves de violencia.
Organizaciones de defensa de la niñez urgen ahora a fortalecer la detección temprana de abusos y a dotar de más recursos a las fiscalías especializadas. “La cárcel castiga al agresor, pero no evita el próximo golpe; para eso hace falta prevención comunitaria y políticas públicas sostenibles”, subrayó un portavoz de la Red de Protección Infantil.
Aunque la defensa de Jiménez anunció que evalúa recurrir, expertos ven escasas probabilidades de que la sentencia sea revocada, dadas las pruebas periciales y testimoniales aportadas. Con esta condena, la provincia suma uno de los casos más severamente sancionados por violencia infantil en los últimos años, y la sociedad dominicana vuelve a preguntarse cuánto más tendrá que pasar para que ningún niño tema al lugar que debería protegerlo su propia casa.
