El Gobierno dio un nuevo paso en la reorganización del aparato estatal con la emisión de dos decretos que reconfiguran piezas claves de los servicios públicos estratégicos: la transmisión eléctrica y el transporte masivo. Las decisiones apuntan a un modelo más eficiente, con reglas claras de gobernanza y una separación más precisa de funciones operativas y administrativas.
Tal como informa la Presidencia, los decretos 55-26 y 60-26, ambos emitidos el 30 de enero de 2026, colocan a la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y al sistema de transporte metropolitano en una nueva etapa institucional, alineada con el régimen de las empresas públicas establecido en la Ley 479-08 sobre sociedades comerciales.
En el caso de la ETED, el Decreto 55-26 impulsa un proceso de fortalecimiento institucional que busca consolidarla como una empresa pública estratégica, capaz de responder a las exigencias actuales del sistema eléctrico nacional. La disposición mantiene intacta su continuidad jurídica, operativa y patrimonial, garantizando que no se vean afectados contratos, derechos ni activos existentes, mientras se avanza hacia un modelo de gestión más moderno y profesionalizado.
La reforma también refuerza los órganos de dirección y supervisión, incorpora estándares actuales de gobernanza corporativa y fortalece los mecanismos de rendición de cuentas. Con mayor autonomía técnica y operativa, pero bajo la rectoría del Estado y su adscripción al Ministerio de Energía y Minas, la ETED queda mejor posicionada para apoyar la expansión y modernización de la red de transmisión eléctrica y de fibra óptica, en sintonía con el Plan Energético Nacional y la Estrategia Nacional de Desarrollo. Este ajuste resulta clave en un contexto marcado por la transición energética y la digitalización de los servicios públicos.
En paralelo, el Decreto 60-26 marca un giro en el modelo institucional del transporte masivo con la creación de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), que sustituye a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret). La medida cumple con lo establecido en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y redefine las responsabilidades dentro del sistema.
La nueva empresa asume la operación y el mantenimiento de los sistemas de transporte masivo, mientras que el desarrollo y la ejecución de infraestructura pasan a ser competencia exclusiva del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram). Esta separación de funciones busca mayor eficiencia, controles más claros y una gestión especializada en cada área.
El decreto también ordena la supresión y liquidación de la Opret mediante un proceso estructurado, diseñado para garantizar una transición jurídica y administrativa sin sobresaltos. Se preserva la continuidad del servicio, se protegen los derechos laborales y se asegura la transferencia ordenada de activos, contratos y obligaciones, todo bajo la supervisión de una Comisión Especial encargada de acompañar el proceso.
Las dos decisiones reflejan una apuesta del Gobierno por modernizar la gestión pública, fortalecer las instituciones y elevar la calidad de los servicios esenciales. En un país donde la energía y el transporte inciden directamente en la productividad y la calidad de vida, estos ajustes institucionales marcan una señal clara de hacia dónde se quiere mover el Estado: menos improvisación, más estructura y mayor enfoque en resultados.
