Santo Domingo, RD. – El rugido de retroexcavadoras y camiones retumbó este lunes en el sector Mata Mosquito, en Friusa, dejando al descubierto la vieja disputa por una parcela turística que llevaba 15 años ocupada. El operativo, encabezado por fuerzas mixtas de la Policía y el Ejército, derribó casuchas de madera y zinc mientras centenares de familias recogían lo poco que les quedó.
El presidente Luis Abinader explicó que la comunidad se asentó en 2010 sobre un terreno privado y que los dueños, tras litigar sin éxito, recurrieron a la fuerza pública para hacer valer su derecho de propiedad.
El desalojo no fue menor más de 300 estructuras cayeron al suelo y la zona quedó bajo vigilancia militar permanente para evitar nuevas ocupaciones, de acuerdo con datos recabados por Al Momento. Abinader insistió en que “todo lo ilegal fue demolido porque así lo pidieron los propietarios originales”, frase que también citó El Nuevo Diario al detallar la intervención.
Mata Mosquito llevaba años en la mira. Un reportaje de Bávaro Digital recuerda que, ya en 2016, se habían invadido más de 10 000 m² y vivían allí al menos 500 familias, dominicanas y haitianas, dedicadas a la construcción y los servicios turísticos. Aunque la pelea se libraba en los tribunales, el paso del tiempo reforzó la sensación de que el barrio era “permanente”, hasta que llegó la orden de desalojo.
Activistas y organizaciones de derechos humanos lamentaron la falta de un plan de reubicación y denunciaron el hermetismo del operativo Listín Diario reportó que los accesos quedaron militarizados y los periodistas fueron retenidos a distancia.Voces locales advierten que, sin alternativas habitacionales, muchos afectados podrían terminar levantando otro asentamiento informal unas cuadras más allá.
Más allá del drama humano, el caso reaviva un viejo debate jurídico. En República Dominicana, la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario protege la propiedad privada y faculta a los dueños a solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando una sentencia firme ordena la restitución. Sin embargo, abogados consultados señalan que estos procesos suelen demorarse años por falta de catastro actualizado y continuos recursos legales de las partes invasoras.
Para los hoteleros de Bávaro y Punta Cana, la limpieza de la zona es una “señal de seguridad jurídica” que podría atraer nuevas inversiones. En contraste, organizaciones comunitarias piden al Gobierno un censo rápido y programas de vivienda social que eviten repetir la historia. Mientras tanto, el terreno recuperado queda en manos de sus propietarios, quienes según el presidente decidirán si lo destinan a proyectos turísticos, residenciales o lo mantienen en reserva.
El episodio de Mata Mosquito deja claro que el Estado está dispuesto a hacer valer la propiedad privada, pero también pone sobre la mesa la urgencia de políticas que combinen desarrollo económico con inclusión social. Sin un puente entre esos dos mundos, cada nueva retroexcavadora corre el riesgo de levantar más polvo que soluciones duraderas.
