La detención de tres ciudadanos en tierras colombianas ha sacado a flote una compleja estructura que, según indicios, llevaba tiempo dedicándose a proveer papeles falsos a migrantes dominicanos que buscaban viajar a los Estados Unidos. Autoridades competentes sostienen que este grupo operaba a sus anchas, poniendo en marcha estrategias para burlar la verificación oficial y, a la larga, cruzar fronteras internacionales sin impedimento.
Tal como informa EFE, la Fiscalía de Colombia puso tras las rejas a Ingrid Katerin Villar Pedrozo, Gerson Puentes y a un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, identificado como José María Romero. El ente acusador los responsabiliza de delitos como concierto para delinquir, tráfico de migrantes y falsedad material en documento público, al tiempo que señala el uso indebido de plataformas oficiales para legitimar información fraudulenta.
Aunque las capturas se concretaron recientemente, las pesquisas apuntan a que este esquema empezó a funcionar por lo menos desde noviembre de 2021, aprovechando la necesidad de muchos extranjeros que, una vez establecidos en Colombia, deseaban moverse con facilidad por el país o emprender ruta hacia los Estados Unidos. Dichos implicados presuntamente ofrecían la oportunidad de figurar en bases de datos como si fuesen nacidos en territorio colombiano, un detalle que abría puertas al tránsito internacional. Expertos en migración, respaldados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), coinciden en que estas redes delictivas se enraízan en las debilidades de algunos sistemas de registro, tanto en naciones de tránsito como en las de destino.
Entretanto, la reciente visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, a Bogotá pone de relieve la magnitud del fenómeno migratorio en la región. De acuerdo con comunicados diplomáticos, Washington se mostró dispuesto a colaborar con la administración colombiana en la lucha contra el tráfico de personas y el control de flujos migratorios. Además, se discutieron estrategias de seguridad pública y tareas conjuntas para frenar el narcotráfico y la trata de personas, preocupaciones que siguen marcando la relación bilateral.
No son pocos los entendidos que señalan la región del Urabá como un corredor migratorio clave. Años atrás, miles de viajeros, con pasaportes de distintas nacionalidades, atravesaban la inhóspita selva del Darién como parte de su trayecto hacia Norteamérica. Con la reactivación de políticas más estrictas, sumado a la cooperación internacional, las autoridades buscan frenar cualquier práctica fraudulenta y salvaguardar la integridad de quienes, en su afán de buscar nuevos horizontes, podrían terminar siendo víctimas de redes criminales.
