La maquinaria migratoria dominicana sigue a todo vapor. En apenas 24 horas, los operativos conjuntos de Migración y los cuerpos castrenses dejaron 877 haitianos detenidos y 785 personas expulsadas, pese a la presión internacional y la grave crisis humanitaria que desangra a la vecina nación.
Según CDN y la Dirección General de Migración (DGM), los arrestos se ejecutaron “bajo un estricto protocolo” que asegura la institución respeta la dignidad de mujeres, envejecientes y menores. El mandato parte del decreto presidencial que, desde octubre, fija la meta de 10 000 devoluciones por semana.
Migración defiende que solo repatria a menores cuando van acompañados de familiares y que las redadas incluyen al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y el Ministerio Público. Sin embargo, los allanamientos sorpresa y los puntos de chequeo en barrios y carreteras han disparado las denuncias de perfiles raciales y uso excesivo de la fuerza.
Organismos como la ONU y Amnistía Internacional cuestionan la medida, sobre todo el reciente protocolo hospitalario que obliga a todos los pacientes a presentar cédula, comprobante laboral y prueba de domicilio. De no tenerlos, se les factura la atención y, al recuperarse, se procede a su deportación. Las críticas se enfocan en el riesgo que corren mujeres embarazadas y lactantes, expulsadas aun con complicaciones de salud.
El ritmo de devoluciones no es nuevo, pero sí cada vez más intenso. Datos de la Organización Internacional para las Migraciones revelan que en 2023 se forzó el retorno de más de 208 000 haitianos, un salto abismal frente a los 17 000 del año anterior.
Mientras tanto, del otro lado de la frontera la violencia se recrudece más de 5 600 personas murieron en Haití durante 2024 por la guerra de pandillas, según la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
El presidente Luis Abinader insiste en que las deportaciones son un asunto de seguridad nacional y ha pedido a la comunidad internacional “mirar hacia Haití y resolver el caos que genera este flujo migratorio”. El recién creado Consejo Presidencial de Transición haitiano respondió calificando las expulsiones como “un golpe adicional” para una población ya devastada.
En el corto plazo, la frontera seguirá blindada y los hospitales permanecerán bajo vigilancia migratoria. A mediano plazo, todo dependerá de si la misión multinacional de seguridad que patrocina la ONU logra frenar la violencia en Haití y, de paso, aliviar la tensión que palpita cada día a ambos lados de la isla.
