La Procuraduría General del Estado de Ecuador confía en que el tribunal arbitral internacional encargado del caso Chevron establezca una compensación económica equilibrada y conforme a las pruebas presentadas por el país hace tres años. La decisión, esperada con cautela por Quito, podría marcar un precedente sobre la responsabilidad del Estado frente a controversias derivadas de operaciones petroleras.
Según informó la agencia EFE, la directora de Asuntos Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría, Ana María Larrea, explicó que el proceso requiere tiempo debido a su complejidad y a la magnitud de la reclamación. “Es razonable que el tribunal se tome tres años para hacer un cálculo justo y apegado a derecho”, señaló la funcionaria en declaraciones a Radio Centro de Guayaquil.
Larrea reconoció que el tribunal ya determinó la obligación del Estado ecuatoriano de indemnizar a la petrolera estadounidense, aunque la cifra final aún no ha sido fijada. De acuerdo con estimaciones preliminares, la compensación podría rondar los 800 millones de dólares, aunque la funcionaria advirtió que la cantidad definitiva “podría ser mayor o menor”, según la valoración del panel arbitral.
El litigio, uno de los más prolongados y emblemáticos en la historia jurídica ecuatoriana, se remonta a 1993, cuando comunidades amazónicas denunciaron a Texaco (posteriormente adquirida por Chevron en 2001) por contaminación ambiental en la cuenca del Amazonas, donde operó entre 1964 y 1990.
En 2011, un tribunal de Lago Agrio condenó a la empresa a pagar 9.500 millones de dólares a los afectados, pero la petrolera apeló el fallo ante instancias internacionales alegando irregularidades procesales, sobornos y fraude. En 2018, el tribunal de La Haya falló a favor de Chevron, declarando que la sentencia ecuatoriana había violado las garantías del debido proceso.
Larrea expresó su deseo de que este caso impulse una revisión del marco legal interno para evitar que futuras sanciones recaigan sobre el Estado sin responsabilidad directa. “El país necesita normas que permitan que quienes causen los daños respondan por ellos”, subrayó.
El resultado del arbitraje será determinante no solo para las finanzas públicas ecuatorianas, sino también para el debate global sobre la responsabilidad corporativa y estatal en conflictos ambientales transnacionales.
