Bajo un sol que recién despuntaba, patrullas del Ejército de la República Dominicana (ERD) interceptaron a 42 ciudadanos haitianos que trataban de burlar los puestos de chequeo en Hatillo Palma (Montecristi) y San José (Santiago Rodríguez). La operación dejó 34 detenidos en Montecristi y otros 8 en Santiago Rodríguez, todos en estatus migratorio irregular.
Según una nota oficial del propio ERD, los extranjeros fueron conducidos a la 4.ª Brigada de Infantería y, tras los trámites de rigor, serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para su repatriación. El cuerpo castrense destacó que los puntos de control –instalados como parte del reforzamiento fronterizo vigilan turnos de 24 horas para frenar el tráfico de personas y mercancías ilícitas.
Este arresto puntual se inserta en una tendencia al alza solo en junio el ERD reportó la detención de 15 557 indocumentados, la mayoría haitianos, y desmanteló 66 redes de tráfico de migrantes. En el acumulado de 2025, la DGM cifra las deportaciones en más de 114 000 personas, superando ya todo el registro de 2024 cuando faltan seis meses para cerrar el año.
Las autoridades dominicanas atribuyen el repunte a la persistente crisis política y de seguridad que atraviesa Haití, que empuja a miles a cruzar la frágil línea fronteriza de 380 kilómetros. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos critican la “mano dura” oficial. En mayo, colectivos locales y Amnistía Internacional denunciaron que las redadas masivas –sobre todo en polos turísticos como Punta Cana han derivado en abusos que incluyen detenciones arbitrarias y violencia sexual contra mujeres migrantes.
Para el economista fronterizo Eladio Hernández, el dilema va más allá de la seguridad “Dependemos de la mano de obra haitiana en agricultura y construcción; una política de repatriaciones sin filtros puede disparar los costos y ralentizar proyectos clave”. A su juicio, la solución pasa por “un sistema de permisos temporales ágil y verificable que alivie la presión social sin cerrar la puerta a la productividad”.
Mientras se resuelve ese nudo, los 42 detenidos en Hatillo Palma y San José aguardan el proceso de repatriación. Para ellos, la frontera volvió a ser un muro; para los militares, apenas es un turno más en una vigilancia que no descansa. Y en el trasfondo late el mismo reto equilibrar la soberanía dominicana con la realidad de un vecino en crisis y una economía que, quiera o no, se nutre del flujo migratorio haitiano.
