La tijera presupuestaria que la Casa Blanca aplicó este año a los programas humanitarios amenaza con convertirse en la mayor crisis de salud global de las últimas dos décadas. Un nuevo estudio calcula que más de 14 millones de personas extremadamente vulnerables incluidos unos 4,5 millones de niños menores de cinco años podrían morir si los fondos no vuelven a sus niveles previos.
Según una investigación publicada en la revista médica The Lancet, los recortes a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) frenan campañas de vacunación, nutrición infantil, acceso a agua potable y atención primaria que eran vitales en África subsahariana, el sudeste asiático y parte de América Latina. El informe concluye que podría “retrasar, e incluso revertir, veinte años de avances en salud pública”.
El golpe se magnifica porque Washington no es cualquier donante en 2024, USAID movió alrededor de 40 % de la financiación humanitaria global registrada por la ONU, pese a representar apenas 0,4 % del gasto federal estadounidense. De hecho, los US$ 71,9 mil millones destinados a ayuda exterior en 2023 equivalían a solo 1,2 % del presupuesto total de EE.UU.
El efecto dominó ya se siente en los tableros de la ONU. Para este año, las agencias humanitarias esperaban recaudar casi US$ 50 mil millones, pero a mitad de ejercicio apenas han cubierto poco más de la mitad de ese monto, dejando un vacío peligroso en emergencias como Gaza, Sudán o Haití. Al ver que el principal aportante retrocede, otros gobiernos han comenzado a revisar a la baja sus compromisos, advierte el informe.
Voces de peso en el sector entre ellas Médicos Sin Fronteras y la propia Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios alertan de que los países con sistemas sanitarios frágiles no aguantarán otro frenazo. La interrupción de programas de malaria, VIH y tuberculosis “borraría de un plumazo logros obtenidos con décadas de inversión y cooperación”, afirman los expertos.
Aunque la administración Trump justifica la medida como parte de un plan para “eliminar gastos superfluos”, sus críticos recuerdan que USAID calcula haber salvado 91 millones de vidas en los últimos veinte años. El Congreso, incluso sectores tradicionalmente conservadores, debate ahora si imponer un límite legal a la reducción de fondos, consciente de que el costo humano podría traducirse en inestabilidad política y nuevas olas migratorias.
En los pasillos de la conferencia humanitaria celebrada en España esta semana, diplomáticos y directivos de ONG coinciden en un mensaje sin un giro rápido en Washington, millones de familias quedarán desprotegidas justo cuando las crisis climáticas, los conflictos y la inflación global elevan la demanda de ayuda. Por ahora, el reloj corre en contra de los más indefensos.
