Un puñado de carteles alzados frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador bastó para recordar que, debajo de las estadísticas que celebran las autoridades, siguen respirando miles de historias de dolor. Integrantes del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) y familiares de personas detenidas se plantaron este sábado en la fachada del templo para reclamarle a la jerarquía católica un pronunciamiento firme contra las detenciones arbitrarias y los abusos cometidos bajo el régimen de excepción.
Según informó la agencia EFE, los manifestantes reprochan al arzobispo José Luis Escobar Alas su silencio frente a lo que califican como “persecución política y presos políticos”. Para Samuel Ramírez, coordinador de Movir, la Iglesia que décadas atrás se jugó la vida denunciando la represión estatal no puede “quedarse al margen” mientras se multiplican los testimonios de inocentes encarcelados.
Un éxito de seguridad envuelto en denuncias
El Gobierno del presidente Nayib Bukele extiende el régimen de excepción desde marzo de 2022, amparándose en un descenso histórico de la violencia homicida: la tasa cayó a 1,9 asesinatos por cada 100 000 habitantes en 2024, la más baja registrada en Latinoamérica en ese periodo. En paralelo, organizaciones de derechos humanos advierten que la fórmula “mano dura” ha derivado en más de 87 000 arrestos y al menos 354 muertes bajo custodia estatal.
Human Rights Watch subraya que el estado de excepción “se ha convertido en una herramienta para silenciar voces críticas”, con patrones de detención arbitraria, tortura y desapariciones forzosas documentados en las últimas semanas. Un reciente informe, sustentado en testimonios de policías activos, reconoce cuotas de arresto y pruebas fabricadas para sostener cargos, bajo la lógica de “primero detener, luego investigar”.
La herencia de Romero y la encrucijada eclesial
La petición de Movir toca fibras profundas de la memoria salvadoreña en 1980, el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero hoy santo selló la imagen de una Iglesia aliada de los oprimidos. Cuatro décadas después, el silencio episcopal contrasta con aquel legado. Analistas consultados advierten que la popularidad récord de Bukele (rozando el 90 %) y la reducción del crimen generan un “ambiente de consenso” que desalienta posturas disidentes dentro y fuera del púlpito.
Sin embargo, el teólogo jesuita Rodolfo Cordero recuerda que “la autoridad moral de la Iglesia no se mide por encuestas, sino por su defensa de la dignidad humana”. A su juicio, la Conferencia Episcopal corre el riesgo de “quedarse sin voz cuando los pobres los mismos que llenan los templos la necesiten”.
Movir y la batalla por los nombres
Movir contabiliza entre los “encarcelados injustamente” a los abogados Ruth López y Enrique Anaya, al activista Alejandro Henríquez y al líder comunitario José Ángel Pérez. La agrupación asegura que presenta casos documentados ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero denuncia falta de respuestas. Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene que las capturas obedecen a “vínculos comprobados con pandillas” y que “cualquier error será corregido”.
¿Qué puede venir?
Internacionalmente, crece el escrutinio: la Unión Europea llevó el tema al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y estudia posibles sanciones específicas. De su lado, Washington ha optado por apoyar la cooperación en seguridad, aunque voceros del Departamento de Estado insisten en la necesidad de respetar el debido proceso.
Para Movir, la intervención de la Iglesia puede marcar un punto de inflexión: “Si monseñor Escobar Alas decide hablar, la gente le va a escuchar”, insiste Ramírez. En un país que presume de ser el más seguro del hemisferio, el debate ya no gira solo en torno a cuántos homicidios menos se cometen, sino a qué precio se está comprando la paz.
