La imagen de Estados Unidos como territorio abierto a la diversidad se está transformando a pasos agigantados: un clima de vigilancia refuerza las políticas migratorias cuando se detectan actos vinculados al antisemitismo o a cualquier otro gesto de odio. En la práctica, significa que las autoridades revisan más allá de la hoja de antecedentes penales y se enfocan ahora en redes sociales, afiliaciones universitarias y cualquier indicio de conducta extremista.
Tal como informó recientemente la agencia EFE, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) han comenzado a negar beneficios migratorios a personas que presenten un historial antisemita o apoyen el terrorismo. No se andan con rodeos: esta política puede provocar la revocación de visas estudiantiles y la negación de residencia permanente. Aparte, el Departamento de Estado mantiene su propio escrutinio, que según datos oficiales ha resultado en cientos de visas anuladas a quienes presuntamente mantienen lazos con grupos extremistas.
El trasfondo mundial sobre estas medidas no es un relajo. Un informe de la organización Anti-Defamation League (ADL) indica que los incidentes antisemitas en Estados Unidos crecieron en un 36% durante 2022, y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) también ha llamado la atención sobre el incremento de delitos motivados por el odio en varias ciudades. Autoridades migratorias resaltan que este tipo de discriminación no solo se refiere a agresiones físicas, sino también a acoso verbal y propaganda que busca intimidar a minorías, por lo que aplican un filtro mucho más detallado a quienes aspiran a establecerse de forma legal en el país.
En otros países se han visto respuestas similares. Diversas naciones europeas endurecen sus leyes contra discursos que promuevan el odio, y gobiernos latinoamericanos también reconocen la necesidad de redoblar esfuerzos para proteger a todos los residentes sin distinción. El refuerzo legal y el monitoreo digital son herramientas que, por ahora, se apuntan como las más eficaces para identificar y frenar estas amenazas, con la mira puesta en preservar el bienestar social.
