La apuesta del Estado por cuantificar y, eventualmente, explotar sus yacimientos de hidrocarburos ha dejado de ser un anhelo aislado para convertirse en una política de largo aliento. Con seis cuencas terrestres Azua, Enriquillo, San Juan y las tres franjas del Cibao más los bloques marinos frente a las costas del sur, el país se prepara para una nueva etapa de licitaciones y estudios que podrían redibujar su mapa energético.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, confirmó que la segunda ronda petrolera, que por primera vez sumará áreas marítimas, se abrirá en noviembre de 2026. El anuncio llega apenas cinco años después de culminar la primera ronda y se da en paralelo a la licitación vigente para diez bloques terrestres bajo un “proceso competitivo” que busca atraer compañías con músculo financiero y experiencia en exploración
¿Qué hay realmente bajo el subsuelo?
Los estudios sísmicos 2D y 3D realizados desde 2019 han verificado la presencia de hidrocarburos, sobre todo gas natural, en todas las cuencas citadas. No obstante, la densidad de las rocas, la presión de los reservorios y la profundidad a la que se encuentran los mantos requieren análisis más finos para dimensionar volúmenes recuperables y, sobre todo, costos de levantamiento. La propia licitación advierte que, si el precio internacional del crudo se mantiene por debajo de US$60/barril, ciertos descubrimientos podrían no resultar comercialmente viables.
De la Cuenca de Azua a los bloques offshore
La historia petrolera criolla inició en la Cuenca de Azua a comienzos del siglo XX, cuando la firma Lancaster & Kreider logró extraer crudo de los pozos Higüerito 1 y Maleno 1. Más de cien años después, ese cinturón sigue apareciendo en todos los mapas geológicos, ahora acompañado por la Cuenca de Enriquillo y las llanuras del Cibao Oriental. La novedad, sin embargo, está en los bloques marinos al sur de San Cristóbal y San Pedro de Macorís, donde sondeos preliminares han detectado estructuras anticlinales comparables a las del Golfo de México.
Retos financieros y ambientales
Participar en una ronda costa afuera exige desembolsos iniciales que oscilan entre US$50 y US$100 millones solo para sísmica de alta resolución. A ese desembolso se suma la obligación de constituir garantías de cumplimiento y presentar planes de mitigación ambiental acordes con normas internacionales como el estándar IFC 6 sobre biodiversidad. Empresas de tamaño medio que compitieron en la primera ronda han optado por formar consorcios para repartir riesgos, una estrategia que el propio ministerio alienta con pliegos más flexibles y plazos de inversión ajustados a la volatilidad de los precios del crudo.
Implicaciones económicas
Si las estimaciones de recursos prospectivos que oscilan entre 500 y 1 000 millones de barriles equivalentes se confirmaran, la República Dominicana podría cubrir hasta el 25 % de su demanda interna de combustibles líquidos durante dos décadas. A escala macro, el Banco Central proyecta un ahorro anual de divisas cercano a US$1 000 millones, cifra que aliviaría la balanza de pagos y abriría margen fiscal para financiar la transición energética, hoy centrada en renovables y gas natural.
¿Y si el petróleo no llega?
Aunque los resultados preliminares son alentadores, la experiencia global muestra que solo 1 de cada 10 pozos exploratorios culmina en descubrimiento comercial. La ley de hidrocarburos, reformada en 2021, protege al Estado al dejar claro que no existe obligación de indemnizar si los estudios finales declaran la ausencia de reservas económicamente explotables. De ahí que el Gobierno insista en un esquema de “riesgo total para el inversionista”, donde el gasto exploratorio lo asume la empresa y la retribución depende de los barriles efectivamente producidos.
Mirada al futuro
A corto plazo, la clave será atraer consorcios con músculo tecnológico y capacidad para perforar en aguas de 1 000 metros de profundidad, sin descuidar el pulso ambiental ni el debate sobre combustibles fósiles en plena era de descarbonización. Con la segunda ronda en puerta y una agenda que combina inversión foránea, transparencia y exigencias verdes, la exploración petrolera dominicana entra en tiempo de definiciones: o se consolida como pilar de la matriz energética o confirma, por segunda vez, que su mayor riqueza sigue siendo el sol y el viento que ya alimentan el sistema eléctrico isleño.
