Santo Domingo.– Con la vista puesta en reforzar los operativos de control fronterizo, el presidente Luis Abinader hizo entrega de 58 autobuses-celda a la Dirección General de Migración (DGM), cada uno equipado con baños, aire acondicionado y capacidad para 50 personas. La inversión supera los RD$ 510 millones y, según el Ministerio de Defensa, forma parte de un plan integral para agilizar las detenciones de extranjeros en situación migratoria irregular.
El acto se celebró en la sede castrense y contó con la participación del director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, quien detalló que la nueva flotilla se acoplará a los operativos móviles ya desplegados en la capital y las provincias fronterizas. El funcionario subrayó que el objetivo es “garantizar traslados seguros y dignos” durante las deportaciones.
La medida llega en medio de la más intensa campaña de repatriaciones de los últimos años. Desde octubre de 2024, las autoridades dominicanas deportan un promedio de 10 mil migrantes por semana, la mayoría haitianos. Cifras oficiales apuntan a más de 180 mil personas expulsadas en seis meses, mientras la Organización Internacional para las Migraciones advierte que la inestabilidad en Haití dejó más de 5 600 muertos solo en 2024 y millones de desplazados internos.
Especialistas en derecho migratorio consultados por este diario señalan que la compra de vehículos-celda, sumada a la construcción del muro fronterizo y a la reciente creación del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) “fortalece la capacidad logística del Estado, pero también eleva la responsabilidad de cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos”. Amnistía Internacional ha insistido en la necesidad de permitir evaluaciones médicas y de vulnerabilidad antes de cada repatriación, práctica que alegan no siempre se respeta.
El Gobierno defiende su estrategia como un “imperativo de seguridad nacional” y calcula que, una vez entre en operación la nueva flotilla, reducirá en 30 % el tiempo que va desde la detención hasta la devolución. A la vez, Hacienda proyecta un ahorro en alquiler de autobuses privados que rondaba los RD$ 22 millones anuales. Sin embargo, organizaciones humanitarias temen que la mayor capacidad de transporte se traduzca en operativos más frecuentes sin las garantías procesales adecuadas.
De cara a 2026, las autoridades planean licitar un sistema digital de trazabilidad para registrar cada detención y traslado, algo que expertos como la politóloga Rosario Espinal ven “crucial para transparentar el proceso y evitar denuncias de perfiles raciales o detenciones arbitrarias”.
Por ahora, el mensaje oficial es claro Abinader quiere mostrar músculo institucional ante una crisis regional que se agrava a pocos meses de las elecciones presidenciales haitianas. La entrega de estos 58 vehículos marca un paso más en esa dirección, mientras la comunidad internacional observa de cerca el delicado equilibrio entre soberanía y derechos humanos en la isla.
