Un nuevo hecho de violencia sacudió ayer al populoso sector Los Guandules. Ventura Rosario, de 59 años, confesó haber disparado contra su compañera sentimental, Rosa Delia Ruiz Báez, de 38, dentro de la vivienda que ambos compartían. El arma una pistola nueve milímetros que, según la investigación, ella portaba sin licencia terminó en las aguas del río Ozama, adonde el agresor la lanzó en un intento inútil de borrar huellas.
De acuerdo con el parte preliminar de la Policía Nacional, vecinos alertaron al 9-1-1 tras escuchar varias detonaciones en la calle Santiago esquina Respaldo 17. Rosario trató de huir en un Ford blanco, pero fue reducido por residentes que bloquearon su paso y lo entregaron a los agentes. Más tarde se presentó voluntariamente en el destacamento C-2, donde quedó bajo arresto.
Técnicos de la Policía Científica levantaron dos casquillos y dos proyectiles deformados; esas evidencias, sumadas a los testimonios vecinales, sostendrán la acusación que el Ministerio Público presentará en las próximas horas.
Un patrón que no cede
Este crimen no es un hecho aislado. Solo en 2024 la Oficina Nacional de Estadística contabilizó 137 muertes de mujeres en entornos de violencia intrafamiliar o de pareja, una cifra que mantiene la tendencia ascendente de los últimos cinco años. A escala regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que cada día al menos once mujeres son asesinadas por razones de género en la región, recordándonos que la “pandemia en la sombra” sigue más viva que nunca.
La tragedia de Los Guandules se explica también por la facilidad con que circulan armas irregulares. Un reciente informe de InSight Crime revela que el 65 % de los homicidios cometidos este año en el país involucró armas de fuego, muchas obtenidas en el mercado negro o desviadas de instituciones oficiales. El Ministerio de Interior y Policía admite que los operativos de regularización no han logrado contener el flujo y que sostener la represión sin prevenir la tenencia ilegal resulta, en el mejor de los casos, un paliativo.
Mientras Ventura Rosario enfrenta cargos por homicidio agravado y porte ilegal de arma, la familia de Rosa Delia se une a la larga lista de hogares dominicanos fracturados por la violencia machista. Organismos de la sociedad civil piden fortalecer las órdenes de alejamiento y agilizar las querellas por amenazas, un trámite que aún puede tardar semanas en los tribunales de paz. Sin un desarme efectivo y políticas de prevención que lleguen al barrio donde el grito de auxilio se escucha primero, historias como la de Rosa Delia seguirán repitiéndose con nombres distintos y el mismo dolor.
