“Esta vaina se está saliendo de control”. Así resume Katia Bonté, coordinadora del Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR), el miedo que hoy paraliza a miles de haitianos indocumentados en República Dominicana: acudir al médico puede terminar en una deportación exprés, aun cuando la vida esté en juego.
Según reporta la agencia EFE, Bonté acusa a las autoridades dominicanas de montar “una cacería” sobre todo contra mujeres embarazadas y de violar el protocolo bilateral de 1996 que garantiza tiempo para recoger pertenencias antes de ser repatriado. Solo en marzo de 2025, GARR documentó 17 390 devoluciones, 9 782 rechazos en frontera y 18 147 retornos “voluntarios”; 77 de las personas expulsadas eran gestantes y 342 eran menores que viajaban solos.
El temor creció cuando el Gobierno de Luis Abinader activó, el 21 de abril, un nuevo protocolo migratorio en 33 hospitales públicos al paciente extranjero se le exige identificación oficial, carta de trabajo y comprobante de domicilio; quien no cumpla, paga la factura, recibe el alta y luego lo esperan para subirlo a un autobús de Migración.
Las cifras oficiales pintan un cuadro aún más duro. Entre enero y abril de 2025 Migración deportó a 119 000 haitianos, un 71 % más que en el mismo período de 2024. Solo en la provincia Santo Domingo se practicaron 5 343 detenciones en abril, con operativos diarios que superan la veintena.
Del lado haitiano, Belladère principal punto de retorno está al borde del colapso: las bandas armadas controlan las carreteras, los víveres escasean y el centro de acogida de GARR, diseñado para 60 personas, recibe hasta 250 diarias. Sin apoyo estatal, la organización advierte que pronto cerrará sus puertas.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) confirma que la presión humanitaria se multiplica en la frontera sus misiones reparten agua, kits de higiene y traslados de emergencia, pero reconocen que la capacidad logística es insuficiente para tanta gente desplazada en tan poco tiempo.
Más allá de los números fríos, los expertos alertan de un riesgo sanitario para ambos países. Médicos dominicanos consultados señalan que la política de “tratar y deportar” puede disuadir a personas con tuberculosis, VIH o dengue de buscar ayuda, lo que favorece brotes difíciles de contener. A esto se suma el costo cada parto no atendido oportunamente termina saliendo más caro en cuidados intensivos tanto para el sistema de salud como para el tejido social.
El panorama exige algo más que operativos policiales. Economistas dominicanos recuerdan que la fuerza laboral haitiana sostiene buena parte del agro y la construcción; sin regularización, la productividad tambalea. Desde Puerto Príncipe, organizaciones civiles piden a su Gobierno abrir un canal de diálogo con Santo Domingo, negociar una moratoria para embarazadas, niños y ancianos, y crear empleo del lado haitiano para frenar la migración circular. Mientras tanto, la línea divisoria en Dajabón y Elías Piña se ha convertido en un carrusel de ida y vuelta donde se juega la dignidad y la vida de miles de personas.
