El operativo de rescate en el rascacielos de 33 pisos que se vino abajo en el distrito de Chatuchak terminó con un balance estremecedor 89 obreros fallecidos, nueve heridos y siete personas que aún siguen en paradero desconocido, según los últimos reportes de la Alcaldía Metropolitana de Bangkok. Los equipos especializados peinaron hasta la última cavidad del hueco del ascensor y confirman que ya no hay posibilidades de hallar más sobrevivientes.
Según la agencia EFE, la unidad de Prevención y Mitigación de Desastres explicó que se han recuperado más de un centenar de restos óseos que pasarán a análisis forense. Las labores de remoción continuarán un par de jornadas con perros entrenados, por si quedara algún fragmento humano entre el hormigón pulverizado.
La mayoría de las víctimas eran obreros tailandeses y migrantes de Birmania, Camboya y Laos, quienes trabajaban en condiciones precarias por un jornal que apenas cubría lo básico. Esa realidad desnuda un patrón regional los trabajadores extranjeros asumen los riesgos más altos mientras sus remesas sostienen economías atravesadas por la desigualdad.
Aunque la sacudida tuvo su epicentro a más de 1 300 kilómetros, en Sagaing (Birmania), la onda sísmica de magnitud 7,7 bastó para fisurar el esqueleto del edificio y hacerlo colapsar pocas horas después. En el propio territorio birmano, la cifra oficial ronda los 3 700 muertos y 5 000 heridos, tragedia agravada por la lenta respuesta de una junta militar que restringe la ayuda humanitaria.
Aquí entre nosotros, lo más alarmante no es solo la fuerza geológica sino la fragilidad institucional. El rascacielos, destinado a la Contraloría General del Estado, era la única estructura que se desplomó en Tailandia tras el sismo, detalle que pone bajo la lupa la calidad de los materiales y la fiscalización de la obra. Investigadores ya confirman que el proyecto estaba apenas al 30 % de ejecución y que había denuncias sobre «acero sub-estándar» desde el arranque del hormigonado.
El Departamento de Investigación Especial detuvo a Zhang Chuanling, directivo de China Railway No. 10 (Thailand), bajo cargos de infringir la ley de inversiones extranjeras y usar testaferros tailandeses para encubrir el control chino de la obra. La pesquisa incluye a la siderúrgica Xin Ke Yuan, señalada por vender vigas fuera de norma. Las autoridades tailandesas insisten en que habrá más arrestos.
Ingenieros estructurales locales apuntan que Tailandia adoptó su reglamento antisísmico en 2007, inspirado en los estándares japoneses, pero su aplicación es «despareja» fuera de Bangkok. El colapso sugiere, además, que los inspectores no detectaron fallas críticas en los anclajes del núcleo y las columnas, algo inadmisible en un edificio público de alto perfil.
Para los familiares de las víctimas, la prioridad ahora es la identificación rápida y una compensación digna. Colectivos de derechos laborales exigen un fondo de emergencia que cubra a migrantes sin papeles, muchos de los cuales quedaron fuera del seguro social.
Queda la lección: un terremoto puede ser imprevisible, pero las muertes que provoca un edificio mal levantado sí tienen responsables. Si la Contraloría planeaba vigilar al Estado, su ruina terminó recordándonos que la transparencia empieza o se derrumba en los cimientos.
