Heidy Sánchez Tejeda, madre cubana de una niña de 17 meses y solicitante de asilo, lleva una semana separada de su familia en Tampa luego de que agentes migratorios la deportaran de forma exprés a La Habana al presentarse, sin ninguna falta, a su chequeo rutinario con ICE. La decisión, tildada de “cruel” por voces de todo el espectro político, revive el fantasma de las separaciones familiares en Estados Unidos.
Según la agencia EFE, la congresista demócrata Kathy Castor (distrito 14 de Florida) envió este viernes una carta al presidente Donald Trump pidiendo el uso inmediato del “parole” humanitario para que la madre regrese y retome el cuidado de su hija lactante, que además padece convulsiones. Castor recalcó que el matrimonio tiene residencia en Tampa y que Heidy no posee antecedentes penales ni representa amenaza alguna.
En declaraciones públicas y en su página oficial, la legisladora denunció que la deportación viola la política de “discreción procesal” que el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suele invocar para proteger a familias con vínculos ciudadanos, y calificó lo ocurrido de “un daño innecesario y evitable”.
La presión política se complementa con una campaña en la plataforma MoveOn encabezada por el esposo de Heidy, Carlos Yuniel Valle, con más de 2 000 firmas que exigen a ICE revertir la medida. El texto recuerda que la menor fue concebida tras un costoso tratamiento de fertilidad y “necesita a su madre ahora más que nunca”.
El drama familiar es aún más agudo por el estado de salud de la pequeña: la niña sufre crisis epilépticas y continúa en lactancia materna. Médicos consultados por la familia advierten de los riesgos inmunológicos y emocionales de una separación prolongada. Reportes de prensa revelan que, desde Cuba, la madre apenas logra calmar a su hija por videollamada ante la falta de conexión estable.
El caso se produce en pleno recrudecimiento de los operativos de ICE. Organizaciones de derechos humanos estiman que, desde enero, al menos 180 madres han sido deportadas sin sus hijos, pese a promesas oficiales de analizar cada expediente. El DHS alega que ofrece la opción de “salir juntos”, pero varios testimonios incluido el de Heidy desmienten que esa alternativa se presentara de forma realista en la oficina de Tampa.
Juristas consultados apuntan que el presidente dispone de herramientas rápidas un “stay of removal” o el parole humanitario basado en “razones significativas de beneficio público”. Ambos mecanismos servirían para que Sánchez reingrese mientras se decide su proceso de asilo, una vía que goza de amplio respaldo bipartidista cuando existen familiares ciudadanos y un historial limpio, como aquí.
Más allá del caso individual, la situación expone tensiones latentes en la política migratoria. Trump ha insistido en aplicar las órdenes de deportación pendientes, pero cortes federales han fallado que la rapidez no puede vulnerar el principio de unidad familiar. Expertos recuerdan que episodios similares en la era Obama terminaron con reparaciones económicas y la revocación de varias expulsiones. Si la Casa Blanca no retrocede, el litigio podría abrir un precedente sobre la protección de infantes estadounidenses en procesos de deportación acelerada.
Entretanto, la familia se aferra a la solidaridad local iglesias, médicos y vecinos organizan donaciones para cubrir el tratamiento de la niña y los costos legales. En palabras de Castor, “la pregunta ya no es si el presidente puede actuar, sino por qué no lo ha hecho aún”.
