El anteproyecto sometido por el Poder Ejecutivo al Senado plantea una reforma sin precedentes dotar al Instituto Nacional de Comunicación (INACOM) de la autoridad para ordenar que plataformas y redes sociales borren publicaciones ilícitas y entreguen información de los perfiles investigados. La iniciativa, que actualizaría la vieja Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, entró en la agenda legislativa con el argumento de “proteger derechos en línea” y, al mismo tiempo, “garantizar la seguridad pública”.
Según la periodista Arelis Suero en deultimominuto, el texto faculta al INACOM a dictar resoluciones, imponer sanciones y acompañar a los ciudadanos cuyos derechos digitales resulten vulnerados, todo bajo un procedimiento administrativo propio. Además, la pieza consagra la autonomía funcional y financiera de la nueva entidad, que supervisará tanto a medios tradicionales como a gigantes del ecosistema digital.
¿Qué cambia en la práctica?
-
Poder de derribo y de datos: el regulador podría exigir a Meta, X, TikTok o cualquier servicio “con presencia en territorio dominicano” retirar contenidos en 24 horas y remitir la trazabilidad de la cuenta sospechosa a las autoridades competentes. Un esquema parecido opera en la Unión Europea desde febrero de 2024 con el Digital Services Act (DSA), que habilita sanciones de hasta el 6 % de la facturación global a quienes incumplan órdenes de retirada. Riesgo de censura organizaciones de derechos digitales advierten que la propuesta dominicana carece de criterios claros sobre qué constituye “contenido ilícito” y a qué juez se recurre si el INACOM se excede. El colectivo Derechos Digitales lo resume así: “Sin salvaguardas, la puerta queda abierta a la discrecionalidad estatal”.Tendencia regional México debate este mes un artículo que permitiría bloquear plataformas “por razones de seguridad nacional”, generando críticas parecidas sobre concentración de poder y vaguedad legal.
¿Por qué ahora?
República Dominicana está cada vez más conectada. Solo entre 2020 y 2022 las cuentas de internet móvil pasaron de 7.2 a 8.9 millones, un salto del 24 %, según el Indotel. Con la masificación de redes y el discurso político trasladado al timeline, los casos de difamación, estafa y acoso en línea han escalado y hoy mismo saturan las salas penales. El Gobierno entiende que un ente especializado agilizará los procesos y brindará “certeza jurídica”.
Puntos finos que deberá pulir el Senado
-
Control judicial: el borrado acelerado de contenido sin orden de un juez viola estándares interamericanos de libertad de expresión.
-
Protección de datos: la pieza no exige que las peticiones de información superen el principio de “necesidad y proporcionalidad”.
-
Transparencia: el DSA obliga a publicar informes trimestrales de moderación, algo que el proyecto criollo apenas menciona de pasada.
Lo que sigue
La Comisión Permanente de Medios de Comunicación recibirá vistas públicas durante mayo y junio. Si enmiendan los artículos polémicos y la Cámara de Diputados refrenda, el INACOM nacería antes de que concluya la legislatura en agosto. De ahí en adelante, tocará al país equilibrar con lupa y jurisprudencia el delicado binomio de seguridad y libertad en el universo digital.
