El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) amplió silenciosamente su red de detención y ya aloja personas migrantes en ocho cárceles del Buró Federal de Prisiones (BOP), entre ellas el controvertido Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, conocido por sus celdas heladas y frecuentes riñas.
Según la nota original distribuida por EFE, el acuerdo con el BOP incluye las instalaciones de Miami (Florida), Atlanta (Georgia), Leavenworth (Kansas), Filadelfia (Pensilvania), Berlin (Nuevo Hampshire), Honolulu (Hawái), Lewisburg (Pensilvania) y la mencionada cárcel de Brooklyn. Un memorando fechado el 6 de febrero detalla que ICE debe mantener al menos dos agentes en cada penal, mientras el BOP conserva la última palabra sobre quién entra o sale.
La expansión ocurre cuando ICE mantiene 56 397 personas bajo custodia un 71 % sin antecedentes penales, de acuerdo con cifras actualizadas al 15 de junio. Esa presión poblacional explica el giro hacia cárceles federales, que suman camas sin recurrir a centros privados.
No obstante, los niveles de detención ya rozan un máximo histórico de 59 000 migrantes, muy por encima del tope de 41 500 camas aprobado por el Congreso y 50 % más que al final de la administración Biden.
El BOP, por su parte, atraviesa una crisis interna afronta más de 4 000 vacantes y un congelamiento parcial de contrataciones que, según sindicatos, “empeora una agencia ya agotada”. Ese déficit de personal se siente con fuerza en el MDC Brooklyn, donde la falta de guardias obliga a maestros y enfermeros a custodiar pabellones.
Organizaciones como Legal Aid Society tachan de “cruel” la medida: el MDC alberga a figuras de alto perfil como Sean “Diddy” Combs y arrastra denuncias por comida con gusanos, drenajes abiertos y violencia constante. Activistas temen que añadir población migrante en un penal “al borde del colapso” dispare demandas y costos médicos para un BOP que ya arrastra un déficit de 3 000 millones de dólares en reparaciones.
En síntesis, la movida le permite a ICE ganar espacio rápido, pero traslada el problema a un sistema penitenciario debilitado. La pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo aguantará esa infraestructura antes de que las cortes o la presión política obliguen a Washington a buscar alternativas más dignas y sostenibles.
