La Corte Suprema de EE. UU. zanjó este viernes su año judicial con una jugada que redibuja el tablero por seis votos contra tres, limitó la facultad de los jueces federales para frenar políticas presidenciales mediante interdictos de alcance nacional, despejando así el camino al menos en parte al intento de Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento.
Según constató la agencia EFE, el fallo levanta los candados que tribunales en Maryland, Massachusetts y Washington habían colocado sobre la orden ejecutiva “Protecting the Meaning and Value of American Citizenship”, firmada por Trump en su primer día de regreso a la Casa Blanca. La decisión no activa de inmediato la medida hay un plazo de 30 días para que los jueces revisen el alcance de sus fallos, pero sí reduce la protección colectiva que hasta ahora cobijaba a los demandantes.
La sentencia, redactada por la magistrada Amy Coney Barrett, sostiene que el Congreso nunca otorgó a los tribunales la potestad de emitir interdictos universales; por eso, los frena salvo para las partes directamente involucradas. En otras palabras, la pelea sobre la validez constitucional de la orden se mantiene, pero la Corte acota el ring.
La minoría liberal, encabezada por Sonia Sotomayor, acusó a la mayoría conservadora de “jugar a favor” del Ejecutivo y advirtió que el precedente deja “ningún derecho a salvo” si otro gobierno decide ir contra libertades básicas. El cruce marcó uno de los debates más ásperos de la jornada de cierre del período 2024-25.
Para Trump, el dictamen supone oxígeno político. Su orden pretende negar la ciudadanía a unos 150 000 bebés al año cifra que manejan los demandantes nacidos de padres sin residencia permanente o con estatus irregular. La Casa Blanca celebró la “victoria” y adelantó que insistirá en otros frentes donde interdictos similares frenan su agenda migratoria.
El trasfondo es antiguo: el presidente ya había coqueteado con la idea en 2018, cuando sugirió revocar por decreto la cláusula de ciudadanía de la 14.ª Enmienda, pilar legal desde 1868. Entonces, la mayoría de juristas descartó la movida como inconstitucional, criterio que siguen esgrimiendo veintidós estados y decenas de ONG que impugnaron la orden actual.
El artículo de la enmienda es claro “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos”. Cambiar ese texto requeriría una reforma constitucional de alto vuelo dos tercios del Congreso y tres cuartas partes de las legislaturas estatales, algo políticamente improbable.
Más allá de la batalla jurídica, el fallo reaviva la discusión sobre el uso estratégico de los interdictos nacionales, una herramienta que progresistas y conservadores han empleado indistintamente para bloquear a Obama, Biden o al propio Trump. Al reducir su alcance, la Corte deja a futuros demandantes con un escudo más pequeño y obliga a litigar estado por estado, prolongando y encareciendo la defensa de derechos civiles.
En los próximos meses, los tribunales inferiores deberán decidir si mantienen sus bloqueos esta vez limitados a los demandantes o si permiten que la orden entre en vigor de forma parcial. Pase lo que pase, el choque promete llegar otra vez a la Corte, que tarde o temprano tendrá que pronunciarse sobre la médula ¿puede un presidente vaciar de contenido la 14.ª Enmienda sin pasar por el Capitolio? La partida apenas comienza.
