El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) movió ficha y, antes de que se cumpla una semana del informe preliminar de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), anunció la anulación de veinte contratos firmados en la licitación de utilería escolar de 2024 y la desvinculación de nueve colaboradores que participaron en esas evaluaciones técnicas.
La DGCP y la Unidad Antifraude de la Contraloría detectaron “violaciones sustanciales” en los procesos identificados como INABIE-CCC-LPN-2024-0008, 0010 y 0012. Los hallazgos incluyen flexibilización indebida de criterios y patrones que apuntan a coordinación previa entre funcionarios y empresas para direccionar adjudicaciones, según el expediente remitido a la Procuraduría General de la República (PGR).
Además de rescindir los contratos, INABIE suspendió toda certificación pendiente a las compañías señaladas y confirmó que no ha desembolsado un solo peso vinculado a esos acuerdos. La entidad insiste en que seguirá cooperando con la DGCP, ProCompetencia y, de ser requerido, con la PGR.
La decisión forma parte de un paquete de “medidas proactivas” que la dirección ejecutiva comenzó a aplicar en 2022 después de la polémica por los menús escolares y las quejas de suplidores. Desde entonces han sido suspendidos más de 50 proveedores, se han solicitado inhabilitaciones por falsificación de documentos y se instaló una Unidad de Riesgo y Cumplimiento para blindar futuros concursos.
Contexto: un organismo con historial turbulento
INABIE ha vivido bajo lupa casi permanente. En 2021, la institución enfrentó retrasos de pagos y denuncias de sobreprecio en raciones alimenticias; en 2023 surgieron cuestionamientos por uniformes. Ahora, las licitaciones de útiles escolares vuelven a exponer grietas en la supervisión pública.
La nueva pesquisa se diferencia en dos aspectos:
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Alcance penal: la DGCP no solo recomendó medidas administrativas, sino que remitió el caso a la PGR para que determine posibles responsabilidades criminales de funcionarios y suplidores.
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Congelamiento preventivo: con la alerta de la Contraloría, ningún pago podrá concretarse mientras dure el proceso, limitando el impacto financiero al erario.
¿Qué pasa con los estudiantes?
La cancelación de contratos no afectará la entrega de kits escolares, aseguró la institución. Se evalúan dos vías ejecutar el plan B con proveedores habilitados y relanzar parcialmente la licitación usando el nuevo pliego estandarizado que la DGCP publicó en 2025 para compras de bienes.
Reacciones y lecciones
Organizaciones como Participación Ciudadana y la Alianza Dominicana contra la Corrupción valoran la rapidez de la DGCP, pero advierten que el reto será sostener sanciones firmes: históricamente menos del 15 % de las observaciones administrativas terminan en condena penal, según datos del Observatorio de Justicia y Transparencia.
Especialistas en contratación pública consultados sugieren aprovechar la coyuntura para:
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Digitalizar todo el flujo de licitaciones (subsanación, aclaraciones y actas) en la plataforma Transforma Compras, como exige la Ley 340-06 reformada en 2024.
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Aplicar scoring automático para cribar proveedores y evitar discrecionalidad de los peritos.
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Publicar matrices de evaluación antes de adjudicar, de modo que la ciudadanía identifique cambios de última hora.
En el corto plazo, la DGCP emitirá un informe final y la PGR decidirá si deposita una acusación formal. Si se confirman los indicios de colusión, las empresas podrían enfrentar inhabilitaciones de hasta siete años y multas que triplican el valor adjudicado; los funcionarios, procesos disciplinarios y penales.
Mientras tanto, INABIE intenta mostrar que aprendió la lección congeló pagos, depuró personal y prometió que la próxima licitación prevista para agosto se definirá con un nuevo protocolo de integridad. El desafío será demostrar, con hechos y no solo con circulares, que esta vez la transparencia no es retórica sino práctica.
