El fantasma de los contratos amañados volvió a rondar al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) tras el explosivo informe que desnudó cómo tres licitaciones de mochilas, zapatos y uniformes escolares del 2024 fueron manipuladas para favorecer a proveedores “amigos”.
Según la investigación conjunta de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude de la Contraloría, los peritos detectaron evaluaciones técnicas alteradas, ofertas descalificadas sin razón y funcionarios involucrados en “coordinaciones previas” con las empresas ganadoras. El expediente, remitido el 9 de julio de 2025 a la Procuraduría, habla de más de 200 contratos bajo sospecha y un patrón de colusión que compromete a varios niveles jerárquicos dentro del instituto.
El INABIE reaccionó con la cancelación de 20 contratos y la desvinculación de nueve empleados; sin embargo, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) calificó la medida de “maquillaje cosmético”. Su presidente, Julio César De la Rosa Tiburcio, advirtió que el Comité de Compras donde se concentran las decisiones clave permanece intacto, “lo que deja la puerta abierta para que el mismo esquema se repita”.
El déjà vu es inevitable en 2021, ADOCCO llevó al Ministerio Público otro expediente contra la antigua dirección del INABIE por adjudicaciones dirigidas que superaron los RD$12 mil millones. Cuatro años después, aquel caso sigue sin acusados ni condenas, pese a que la Contraloría halló pagos duplicados por RD$55 millones, suplidores favorecidos sin contratos por RD$3.3 millones y el uso irregular de fondos de un convenio con el PNUD para cubrir nómina y gastos operativos fuera de presupuesto.
La nueva administración del INABIE, que asumió a finales de 2021, asegura haber “fortalecido los controles internos” y estar corrigiendo 15 hallazgos señalados por los auditores. No obstante, los expertos piden ir más allá de los comunicados. “Mientras no haya sanciones penales y reparaciones civiles, el mensaje a la burocracia sigue siendo que robar sale barato”, insiste De la Rosa.
Contexto nacional e internacional
República Dominicana obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, lejos del promedio global de 43 y estancada en la mitad baja del ránking. El caso del INABIE se suma a una cadena de escándalos en adquisiciones públicas desde el desayuno escolar hasta la compra de mascarillas en pandemia que las autoridades prometen combatir con la reforma integral a la Ley 340-06, hoy en discusión en el Congreso.
Economistas consultados advierten que la impunidad genera un “impuesto invisible” que termina inflando el costo de cada cuaderno o par de zapatos que llega a las aulas públicas. Para 2025, el presupuesto de asistencia estudiantil supera los RD$29 mil millones; cada punto porcentual que se pierda por sobreprecio equivale a más de 3 mil becas anuales, calculan los analistas.
¿Qué sigue?
El Ministerio Público deberá decidir si formaliza cargos contra los funcionarios y suplidores señalados. Aunque la DGCP remitió los hallazgos con indicios de confabulación, la práctica muestra que las indagatorias se dilatan cuando no hay presión social sostenida. ADOCCO anunció vigilias semanales frente a la Procuraduría para recordar que “el expediente no puede dormir la siesta de siempre”.
De concretarse acusaciones y sentencias ejemplares, el caso podría marcar un antes y un después en la cultura de compras públicas del país. De lo contrario, la historia volverá a repetirse miles de mochilas con precio inflado, aulas sin zapatos a tiempo y otra generación aprendiendo que la corrupción se castiga solo con titulares de prensa.
