La pesquisa por la muerte de Diego Armando Maradona dio un giro este jueves después de que la Policía bonaerense irrumpiera en la Clínica Olivos y decomisara 279 páginas de su historia clínica, seis análisis de laboratorio y 547 correos electrónicos intercambiados por los profesionales imputados. Las nuevas pruebas, consideradas “relevantes y de interés” por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro, podrían reconfigurar la responsabilidad penal de los siete trabajadores de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual.
Según despachos de EFE, la orden llegó a instancias del fiscal adjunto Patricio Ferrari y fue respaldada por las querellas y casi todas las defensas. El objetivo zanjar las contradicciones sobre si Maradona recibió los estudios prequirúrgicos adecuados antes de la operación por un hematoma subdural practicada el 3 de noviembre de 2020.
Las dudas crecieron cuando, en pleno debate, el exdirector de la clínica, Pablo Dimitroff, aseguró que los estudios sí existían, mientras el jefe de Terapia Intensiva, Fernando Villarejo, sostenía lo contrario. El careo entre ambos, ya autorizado por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach, promete ser decisivo, sobre todo tras hallar documentos que no figuraban en el expediente oficial.
A petición de la Fiscalía, también fueron citados nuevos testigos, entre ellos el bioquímico que firmó los análisis y la instrumentadora quirúrgica presente en la operación. Con ello, la acusación busca demostrar que el equipo médico sabía de las condiciones críticas del “Diez” y aun así avaló su alta y posterior internación domiciliaria aquel traslado en ambulancia que, para muchos fanáticos, selló un destino trágico.
La defensa, por su parte, insiste en que la autopsia reveló un infarto agudo de miocardio y no una negligencia directa, argumento que podría inclinar la balanza hacia la absolución si el tribunal concluye que no hay causalidad suficiente entre las supuestas omisiones y el desenlace.
No obstante, peritos independientes presentados hace semanas describieron que Maradona “murió en agonía” por fallas básicas de monitoreo y una atención domiciliaria inadecuada para un paciente con su historial cardíaco y problemas de adicción. Al descubierto queda un sistema de cuidados fragmentado donde neurocirujanos, psiquiatras y enfermeros actuaron sin un protocolo unificado, algo que la Fiscalía considera “temerario”.
Más allá del impacto legal, el caso interpela a la Argentina futbolera ¿quién cuida a sus ídolos cuando el estadio se vacía y las luces se apagan? La respuesta, ahora en manos de tres jueces de San Isidro, marcará precedente sobre la responsabilidad médica frente a figuras públicas vulnerables que el país reverencia casi como santos populares. Mientras tanto, la hinchada observa, rosario en mano, esperando justicia para el eterno 10.
