SANTIAGO, RD. Un joven identificado por la Policía como Juan Hidalgo Solano, alias “Morenaje” y con varios apodos más, cayó abatido la tarde del domingo cuando disparó contra agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim) que intentaban arrestarlo en el Ensanche Bermúdez.
Según reseña el portal deultimominuto, el prófugo de 21 años arrastraba al menos cinco órdenes de captura por robos violentos y asaltos en viviendas de Santiago y Moca, algunos de ellos acompañados de agresiones sexuales. El reporte oficial indica que al verse rodeado empuñó una pistola 9 mm; la patrulla respondió al fuego y luego lo trasladó malherido a un centro de salud, donde falleció.
Las autoridades ocuparon el arma, varios casquillos y una porción de polvo blanco que será analizada por el INACIF. Entre los procesos abiertos figuraban los expedientes AJ0016240, AJ001561‑3, AJ0010990, AJ0009709 y AJ0017121‑2025; cámaras de seguridad lo habían captado irrumpiendo en residencias a plena luz del día, golpeando a sus víctimas y llevándose artículos de valor.
Una pieza más en el mapa delictivo
El caso reaviva el debate sobre la delincuencia en la región norte. Aunque el gobierno presume de una reducción de 19 ,994 robos y 126 homicidios a escala nacional en 2024 respecto a 2023, de acuerdo con cifras divulgadas por la propia Policía Nacional Santiago sigue apareciendo entre las provincias con más denuncias de asalto en vía pública, según boletines del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI)
Para el criminólogo Elías Then, la muerte de “Morenaje” refleja “una criminalidad que se mueve rápido, con jóvenes que saltan del microtráfico al asalto domiciliario sin escalas”. En conversación telefónica, recordó que casi el 30 % de los robos violentos registrados en 2023 se cometieron con armas ilegales, y advirtió que la percepción de impunidad crece cuando los procesos investigativos duran más de lo razonable.
Vecindarios en alerta y reto para la justicia
En barrios como Pekín, Cienfuegos y el propio Ensanche Bermúdez, las juntas de vecinos han instalado grupos de WhatsApp para alertar sobre movimientos sospechosos. “Aquí no esperábamos que lo agarraran vivo; todo el mundo sabía que andaba armado y no se iba a entregar”, comentó Julio Céspedes, dirigente comunitario.
Mientras tanto, defensores de derechos humanos piden respuestas menos letales. La abogada Alba López recordó que la Ley 590‑16 señala la fuerza letal como “último recurso” y exige peritajes balísticos independientes para descartar ejecuciones extrajudiciales.
Fuentes policiales insisten en que la actuación se enmarca en la proporcionalidad: “Recibimos disparos y neutralizamos la amenaza”, declaró un oficial que pidió reserva de su nombre porque la investigación interna sigue abierta.
