La última propuesta en materia fiscal presentada por la Generalitat de Cataluña ha hecho saltar todas las alarmas de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, el cuerpo de élite del ministerio que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. El documento, redactado y publicado por el Govern de ERC la semana pasada, plantea una “financiación singular” para Cataluña, lo que daría pie a la cesión y gestión del 100% de los impuestos que se recaudan en la Generalitat a cambio de una aportación negociada para el Estado y las comunidades con menor capacidad fiscal. Algo parecido al actual concierto vasco. Este modelo, advierten los inspectores, es a día de hoy “inconstitucional” y, de salir adelante, “sería de muy difícil reversión y provocaría situaciones de desigualdad, desintegradoras para la ciudadanía española, afectando al deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”.
La asociación presidida por Ana de la Herrán, que reúne a 1.700 inspectores de todo el Estado, ha presentado este lunes en rueda de prensa un documento en el que se detallan las consecuencias que tendría una independencia fiscal de Cataluña. El texto incide en que este movimiento no está contemplado ni en la Constitución ni en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. Tampoco en la LOFCA —la actual ley de financiación de las comunidades— ni en otras normas, como la ley de creación de la propia AEAT. Pese a ello, los inspectores temen que, mediante distintas fórmulas, la agencia tributaria catalana pueda convertirse en moneda de cambio en las negociaciones entre el Gobierno central y los partidos soberanistas catalanes. Por eso, exigen al Ejecutivo que no se produzca este fraccionamiento de la Agencia Tributaria bajo ningún concepto.
La Constitución, apunta De la Herrán, fija que la financiación autonómica se estructura en dos bloques: uno minoritario, del que disfrutan las haciendas forales vascas y navarra, y otro mayoritario, en el que se circunscriben las 15 comunidades de régimen común. Bajo este paraguas, Cataluña, que está en el segundo grupo, no tendría opciones de obtener un trato de favor fiscal. Y los inspectores piden que no se exploren terceras vías como la del consorcio, que cedería competencias a la agencia regional.
La independencia fiscal de la Generalitat, prosiguen los inspectores, supondría en la práctica la desaparición de la AEAT en ese territorio, con la consecuencia de su fraccionamiento y el inicio de un camino de transformación irreversible que tendría “graves consecuencias en la aplicación de los tributos y en la lucha contra el fraude fiscal”. Es decir, el resultado sería “un paso atrás de gigante” en su función de aplicar el sistema tributario y la conculcación de los principios tributarios fundamentales sobre los cuales se asienta el actual sistema tributario español, fundamentalmente la generalidad, la capacidad económica, la igualdad, la justicia y la eficiencia tributarias.
La propuesta catalana, presentada en el marco del adelanto electoral por la consejera de Economía y Hacienda del Govern, Natàlia Mas, plantea que una vez que se logre la gestión y cesión de la totalidad de los impuestos, la Generalitat y el Estado negocien una aportación económica que iría dirigida a compensar a las autonomías de menor capacidad fiscal. Esta situación, alerta José María Peláez, portavoz de la asociación de inspectores, rompería de lleno los principios constitucionales de solidaridad y de garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales, regulados ambos en el artículo 158 de la Constitución.
“Servicios inferiores en cantidad y calidad”
En opinión de los inspectores, este cupo negociado no cubriría ni de lejos la parte que correspondería a Cataluña de los fondos de compensación interterritorial y de garantía de niveles mínimos de servicios públicos. “Esto nos llevaría a que los servicios que se prestan en las regiones más pobres, antes o después, serán inferiores en cantidad y calidad”.
Todo se explica porque Cataluña representa en torno al 20% del producto interior bruto (PIB) nacional. Por eso, si el territorio se queda con el 100% de la recaudación “estaría privando al Estado de lograr una cohesión social y territorial entre todas las comunidades y los ciudadanos”. Si una autonomía de ese tamaño deja de contribuir, resume Peláez, el resto de territorios van a estar peor financiadas y sus ciudadanos van a tener peores servicios públicos. De salir adelante, un concierto y cupo catalán también podría abrir la puerta a que otras comunidades ricas, como Madrid y Baleares, reclamen su propia singularidad.
El fraccionamiento de la AEAT supondría la cesión a la agencia catalana de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de todos los tributos recaudados en Cataluña. Este paso también conllevaría efectos muy negativos sobre la eficiencia del sistema tributario, ya que, según los inspectores, “incrementaría los niveles de fraude y evasión fiscal, dificultaría el cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte de los contribuyentes, disminuiría su seguridad jurídica y, en general, haría más ineficaz la actuación administrativa en la aplicación correcta del sistema tributario”. La razón se encuentra en los sistemas de información unificados y en la caja única e integrada con la que hoy funciona Hacienda, en riesgo si un territorio comienza a operar por su cuenta.
En este caso, se vería afectado, entre otros, el control sobre las empresas multinacionales, ya que la explotación de la información y las actuaciones de control se ejercen en el ámbito nacional. Lo mismo sucedería con las actuaciones relevantes que efectúa el Departamento de Recaudación —como son las relativas a las acciones judiciales— que también afectan a todo el territorio nacional. También habría consecuencias en el fraude: el Estado perdería unos 3.000 millones de euros, aproximadamente el 20% de los 15.000 millones que afloran cada año a nivel estatal como consecuencia de las actuaciones de control.
