El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste impuso la pena máxima de 30 años de prisión a Alejandrina Jiménez, hallada culpable de asesinar a Luisa Ferreras Gómez y prender fuego a la vivienda donde la víctima quedó atrapada la madrugada del 28 de diciembre de 2023. La evidencia testigos oculares, peritajes forenses y el relato de la propia agresora despidiéndose del lugar mientras las llamas consumían la casa convenció al tribunal sin titubeos.
Aunque el Código Penal dominicano (arts. 295, 296, 297, 302 y 404) permite sentencias que van desde 15 hasta 30 años por homicidio agravado, los magistrados eligieron la sanción más alta, subrayando la ferocidad del ataque hubo premeditación, violencia física previa y el uso del fuego como arma letal. La condenada cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Este fallo llega en un momento en que los crímenes contra mujeres siguen golpeando al país. Según los registros de la Procuraduría General, en 2023 se contaron 137 homicidios de mujeres, de los cuales 65 fueron tipificados como feminicidios; son cifras que, lejos de ser frías estadísticas, reflejan vidas truncadas y familias desmembradas.
El problema desborda las fronteras nacionales la CEPAL estima que al menos once mujeres son asesinadas cada día en América Latina y el Caribe por razones de género, un dato que expone la magnitud regional de la violencia machista.
La sentencia de Jiménez no es un hecho aislado. En febrero de 2024, un tribunal de La Vega impuso 30 años a un hombre que intentó asesinar a su expareja a balazos, y otro tribunal en Santiago tomó idéntica decisión contra un agresor que apuñaló 24 veces a su compañera; los jueces parecen enviar un mensaje nítido la violencia letal contra las mujeres tendrá la sanción más severa disponible.
El reto, sin embargo, no termina en la sala audiencia. Organizaciones comunitarias recuerdan que muchas víctimas piden ayuda y no siempre encuentran respuesta a tiempo. El plan “Por una Vida Libre de Violencia”, que coordina el Ministerio de la Mujer desde 2020, plantea fortalecer la detección temprana y el acompañamiento psicológico, pero su implementación avanza a ritmo desigual en los barrios con menor presencia estatal.
Mientras la Justicia cumple su parte, la prevención sigue siendo la pieza que falta para que casos como el de Luisa Ferreras no se repitan. Programas de alerta vecinal, refugios seguros y educación sobre masculinidades no violentas son tan urgentes como las sentencias ejemplares. De lo contrario, el próximo titular podría estar a la vuelta de la esquina.
