Un encontronazo por un puesto en la fila de una estación de combustibles de la avenida Hermanas Mirabal, en Santo Domingo Norte, terminó en tragedia la mañana de este lunes. El raso policial Jhon Abenicio Rodríguez, de 27 años, y el ciudadano Santos Nicolás Camacho Almonte, de 47, se dispararon mutuamente y fallecieron en el acto, según confirmaron fuentes policiales.
Las primeras pesquisas indican que la discusión se encendió cuando Rodríguez, a bordo de una motocicleta Bajaj Platina 100, negra, intentó adelantar a Camacho, quien conducía una furgoneta Nissan Urvan, blanca. Testigos relatan que los ánimos subieron de tono en cuestión de segundos hasta que ambos sacaron sus armas. Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) acordonaron la escena y levantaron evidencias balísticas mientras revisan cámaras y entrevistan a los presentes para reconstruir cada paso del altercado.
Este episodio ocurre en medio de un clima de frustración provocado por las largas filas para abastecerse; desde finales de mayo las estaciones de servicio han operado con inventarios ajustados, lo que genera tensiones en diferentes puntos del país. Especialistas en seguridad consultados recuerdan que las disputas en espacios públicos se multiplican cuando la demanda supera la oferta y no hay presencia preventiva suficiente.
Aunque la tasa de homicidios nacionales mostró una baja histórica en enero de 2025 8.42 por cada 100 000 habitantes, la violencia cotidiana sigue reclamando atención entre 2000 y 2024 se registraron 49 284 muertes violentas, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y análisis de la propia Policía Nacional. Criminólogos advierten que la cifra evidencia un patrón de agresividad latente que estalla por conflictos triviales, como un turno en la fila o una discusión de tránsito.
Fuentes internas de la uniformada confirmaron que el arma reglamentaria del raso y la pistola del civil se encuentran bajo peritaje balístico. Además, un acta de inspección preliminar sugiere que hubo al menos ocho detonaciones. El Ministerio Público señaló que agotará «todas las diligencias necesarias» para determinar la responsabilidad penal post-mórtem y establecer si hubo uso proporcional de la fuerza por parte del agente.
Para el sociólogo urbano Edwin Hernández, el caso refleja “una falla doble la carencia de mecanismos de mediación inmediata y la pobre gestión de colas en un contexto de escasez”. A su juicio, la Policía requiere “protocolos de autocontrol aún más estrictos” para el personal en servicio y fuera de él; recuerda que en enero de 2025 los abatidos por agentes casi duplicaron la cifra del año anterior.
Las autoridades prometieron ofrecer un informe final en los próximos días. Mientras tanto, la comunidad vuelve a cuestionar si basta con aumentar patrullajes o si es momento de abordar, de raíz, la cultura de violencia que convierte cualquier roce cotidiano en una tragedia irreparable.
