El caso de un militar que estaba suspendido en sus funciones ha causado revuelo en la provincia de San Juan. Su nombre, aunque poco mencionado en las calles, ya genera controversia debido a la forma en que conducía una motocicleta sin casco y al hecho de que llevaba consigo a un extranjero en situación migratoria irregular. El episodio no solo incluyó un accidente vial, sino que dejó a una ciudadana con serias lesiones y una comunidad consternada por la gravedad de lo ocurrido.
Tal como se reseña en deultimominuto, testigos confirmaron que el raso detuvo su marcha únicamente tras verse envuelto en un choque que afectó a una señora de 77 años, quien terminó con una fractura de tibia y peroné. Según datos complementarios de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), los accidentes de motocicleta representan una de las principales causas de lesiones en el país, sobre todo en zonas rurales donde los motociclistas suelen circular sin el uso adecuado de casco protector. En este suceso, además, el migrante que lo acompañaba fue agredido por un grupo de personas, lo cual acentuó el caos y obligó a la Policía a intervenir para resguardar su integridad.
El militar, suspendido por razones no especificadas, habría recibido dinero del extranjero para transportarlo hasta la parada de autobuses de Las Matas de Farfán. Informes extraoficiales indican que la movilidad de personas haitianas se ha incrementado en la región, un fenómeno que, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), responde a diversas presiones económicas y sociales en su país de origen. Entretanto, el efectivo intentó escapar y fue detenido en su vivienda, donde miembros del Ejército y de la Policía Nacional terminaron poniéndolo bajo custodia.
Tanto el soldado como el ciudadano haitiano resultaron con laceraciones y fueron atendidos en centros de salud locales. Luego de ser dados de alta, ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras la motocicleta permanece bajo el control de la DIGESETT para fines de investigación. Este nuevo caso reaviva el debate sobre la seguridad en las carreteras dominicanas y la responsabilidad de quienes prestan servicios de transporte en la zona fronteriza, un asunto que pide mayor atención por parte de las autoridades y de la comunidad en general.
