La insistencia del presidente Luis Abinader de “endurecer las penas” quedó nuevamente sobre la mesa en La Semanal de este lunes. El mandatario sostuvo que los códigos vigentes redactados para otra época ya no permiten que la Policía ni el Ministerio Público respondan al clamor ciudadano frente a la delincuencia y la violencia. “Nuestros códigos necesitan endurecer las penas, eso es fundamental”, dijo, tras recordar que la Consultoría Jurídica de la Presidencia remitió modificaciones puntuales al Congreso a solicitud de la Procuraduría.
Aunque la legislación penal dominicana data de 1884, en los últimos veinte años ha naufragado más de una decena de intentos de actualización. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, alertó hace pocos días que el país sigue juzgando delitos modernos con sanciones “irrazonables” y tipificaciones incompletas. A su juicio, ese rezago obliga al Ministerio Público a recalificar hechos graves como simples culpas, reduciendo la posibilidad de imponer castigos proporcionales.
El Congreso reaccionó con una agenda de “sesión permanente”: senadores y diputados acordaron reunirse tres veces por semana con la meta de aprobar la pieza antes del 26 de julio. El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, confía en que la correlación de fuerzas favorece la votación final, pese a que en legislaturas anteriores el proyecto se cayó por falta de tiempo y consensos.
La presión social se entiende mirando los números. Hasta mayo de 2025 la tasa de homicidios acumulada se ubicó en 8.4 por cada 100 000 habitantes muy por debajo del promedio latinoamericano (≈19), pero todavía alta para un país que cerró 2024 en 9.6 y llegó a 17.3 en 2023. Aún con la caída, el Ministerio de Interior señala que la violencia interpela al sistema porque el 60 % de los crímenes queda impune por tecnicismos procesales o fallas en la investigación.
El debate, sin embargo, no es solo de castigos más severos. El proyecto que avanza en el Senado tipifica nuevos ilícitos terrorismo, feminicidio agravado, daños con sustancias químicas y eleva el máximo de prisión a 60 años. Pero mantiene fuera de discusión la despenalización del aborto en las tres causales, tema que organizaciones feministas y de derechos humanos consideran “el piso mínimo” para un código moderno. El senador Ramón Rogelio Genao ha reiterado que “no habrá aborto electivo mientras prevalezca la Constitución”; el oficialismo calcula que apenas un 5 % de los diputados apoyaría esas excepciones.
En la práctica, el Ejecutivo apuesta a que un Código más duro disuada al crimen y dé herramientas al Ministerio Público; los críticos temen que, al acelerar la aprobación, se sacrifiquen derechos sexuales y reproductivos y se dejen vacíos en materia de discriminación. El reloj legislativo corre si la pieza no ve la luz antes de julio, volverá a fojas cero y la sociedad tendrá que seguir lidiando con un texto decimonónico que hace rato perdió la batalla contra la criminalidad del siglo XXI.
