La decisión de Manuel García Mansilla de abandonar su puesto en la Corte Suprema argentina tomó a muchos por sorpresa. Este abogado asumió brevemente un rol clave en el máximo tribunal, aunque desde el principio enfrentó cuestionamientos políticos y judiciales por su nominación, impulsada por el presidente Javier Milei. Para la ciudadanía argentina, ha resultado llamativo el modo acelerado en que escaló la controversia, mezclando tensiones entre el Ejecutivo, el Senado y las voces críticas dentro del propio Poder Judicial.
Según divulgó la agencia The Associated Press, la renuncia se formalizó mediante un escrito en el que García Mansilla presentó su dimisión de manera “indeclinable”. Esta salida ocurrió tras el rechazo que el Senado había manifestado días antes sobre su nombramiento, así como la ola de reclamos exigiendo que no firmara resoluciones mientras su legitimidad era puesta en tela de juicio.
Algunos juristas locales citan el artículo 99 de la Constitución Nacional Argentina, que detalla las atribuciones presidenciales en los nombramientos de jueces, para destacar la irregularidad de un proceso que buscaba llenar vacantes mediante decreto. Por otro lado, registros de la Comisión de Acuerdos del Senado muestran cómo, en ocasiones anteriores, también hubo tensiones al nominar magistrados, aunque no siempre con un desenlace tan brusco. Sectores de la oposición han señalado que la controversia deja en evidencia el frágil equilibrio entre la búsqueda de legitimidad institucional y las estrategias políticas que, en ocasiones, alteran el rumbo del debate parlamentario.
Expertos consultados en Buenos Aires sostienen que la legitimidad de las decisiones firmadas por el exmagistrado durante su corta estadía probablemente no genere efectos retroactivos. Sin embargo, estos movimientos exponen un síntoma recurrente en la vida pública argentina: la puja constante por controlar los máximos tribunales. Mientras tanto, la figura de Milei sigue cosechando tanto defensores como detractores. El mandatario asumió a finales de 2023, y desde entonces ha impulsado proyectos polémicos que ponen a prueba la relación entre las distintas fuerzas políticas.
Con un panorama legal aún revuelto, se espera que la Corte Suprema recupere su estabilidad institucional a la brevedad. No es la primera vez que un presidente nombra magistrados por decreto —práctica que despierta dudas sobre la transparencia y el respeto a los mecanismos de selección—, pero la presión social y la dinámica del Senado parecen haber desbaratado la estrategia oficial con una rapidez inusual. Argentina vive tiempos en los que las maniobras políticas se vuelven cada vez más visibles, y el paso de García Mansilla por el tribunal quedará registrado como otro episodio controversial en la historia judicial del país.
