Santo Domingo.– En apenas tres meses, las autoridades dominicanas han repatriado a Haití a 2,530 menores de edad, 982 de ellos sin la compañía de padres o tutores. La cifra sacude el debate sobre migración infantil y obliga a revisar la forma en que ambos países protegen a los más vulnerables.
Según el diario elCaribe, los datos provienen del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y fueron confirmados por su presidenta, Ligia Pérez, en una entrevista para el programa “Despierta con CDN-37”.
El salto numérico no es casual la funcionaria atribuye el repunte a 15 medidas migratorias que el Poder Ejecutivo aplicó en abril. Entre ellas figuran controles más rígidos en los puestos fronterizos y operativos sorpresa en barrios del Gran Santo Domingo. El resultado inmediato ha sido un mayor flujo de menores interceptados y, por ende, más casos en los que la repatriación se vuelve la única salida legal.
Conani sigue un protocolo que activa a varias instituciones Salud Pública, Educación, Trabajo y la Procuraduría antes de cualquier traslado. Si el niño es haitiano y no aparece un pariente en el país, se coordina con el Instituto de Bienestar Social y de Investigación (IBESR) en Juana Méndez, adonde se entrega un expediente médico, psicológico y social del infante. El proceso intenta garantizar que el menor llegue en condiciones dignas y con seguimiento posterior.
El contexto regional es igual de crudo. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que en 2024 más de 200 mil haitianos fueron devueltos, la mayoría desde República Dominicana, y advierte de casi 20 mil retornos adicionales tan solo en enero de 2025. UNICEF, por su parte, alerta de necesidades humanitarias apremiantes para 1,2 millones de niños haitianos y exige 272 millones de dólares para cubrir asistencia básica este año.
Organizaciones locales como la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados sostienen que la presión migratoria sin políticas de integración aumenta el riesgo de trata, trabajo infantil y reclutamiento de pandillas en la frontera norte. La respuesta estatal, alegan, no puede limitarse a “devolver el problema”, sino que debe incluir programas binacionales de reunificación familiar y educación comunitaria.
Mientras tanto, Conani refuerza sus 38 oficinas, sobre todo en Dajabón y Elías Piña, para acelerar verificaciones familiares antes de recurrir a la repatriación. Pérez insiste en que “cada niño sale con su historial clínico y legal completo”, pero admite que el volumen actual tensiona los recursos del organismo.
La pregunta clave sigue sobre la mesa ¿cuál es el punto de equilibrio entre soberanía migratoria y protección de derechos infantiles? Si algo revela este primer trimestre de 2025 es que el debate dejó de ser teórico; hoy se dirime en la cola de una guagua que cruza hacia Juana Méndez con un expediente amarillo bajo el brazo y el futuro de un niño colgando de la frontera.
