El panorama en el país muestra grandes avances contra el financiamiento al terrorismo, especialmente al contrastar estas estadísticas con el contexto regional. Diversos entes reguladores han intensificado las inspecciones y la ejecución de sanciones, revelando progresos en sectores clave. Sin embargo, persisten áreas con rezagos que elevan la urgencia de ajustar los mecanismos de supervisión y modernizar el marco legal.
Tal como señala la periodista Cándida Acosta en Listín Diario, la República Dominicana alcanzó una posición sólida frente a riesgos terroristas, pero aún se evidencian brechas en la prevención de lavado de activos. Las cooperativas, bancas de apuestas, loterías y casinos registran altas vulnerabilidades, en parte porque ciertas debilidades no se han tratado a fondo o no contemplan una solución estructural. La supervisión se complica cuando las entidades tienen gran tamaño y no cuentan con herramientas de control suficientes.
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las economías que apuestan por la transparencia y la uniformidad regulatoria suelen favorecer un entorno más seguro. En el caso dominicano, el robustecimiento de las normas en el sector de seguros ya demuestra que la fiscalización sostenida puede mitigar riesgos de manera efectiva, siempre que exista un trabajo coordinado entre los organismos reguladores y las entidades supervisadas. A escala local, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero han promovido capacitaciones y manuales de prevención para atacar de frente este fenómeno. No obstante, el reporte oficial advierte que el lavado de activos se nutre de la informalidad y la escasa capacitación del personal, lo cual demanda un mayor acompañamiento técnico.
Las autoridades dominicanas han puesto en marcha una estrategia nacional para minimizar las amenazas ligadas al lavado de activos y financiar el terrorismo, con el fin de motivar a las instituciones involucradas a reforzar sus normas internas y generar mayor conciencia en sus operaciones diarias. Esa hoja de ruta busca no solo el cumplimiento legal, sino fomentar una cultura de transparencia que consolide el prestigio financiero del país y reduzca los espacios que aprovechan redes criminales.
