El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, reafirmó ante el Senado que seguirá anulando visados a estudiantes y visitantes foráneos que, a su juicio, “alteren la paz” en los campus universitarios. El funcionario insistió en que una visa “no es un derecho sino un privilegio”, dejando claro que continuará la purga de permisos si percibe actividades que catalogó como violentas o desestabilizadoras.
De acuerdo con Reuters, Rubio reveló que ya son varios centenares los documentos cancelados y no descartó que la cifra supere los miles en las próximas semanas, pues su equipo cruzará datos de arrestos y expedientes disciplinarios para identificar a los involucrados en disturbios universitarios.
La advertencia coincide con la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de retirar a Harvard su certificación para matricular alumnos internacionales durante el período 2025-26, obligando a los actuales becarios a transferirse o abandonar el país. La propia universidad, en una comunicación interna, reconoció que la medida compromete su capacidad de investigación y la diversidad de su comunidad.
Organizaciones académicas temen que el golpe se extienda a otras instituciones: la Asociación de Universidades Estadounidenses calcula que más de un millón de extranjeros estudian hoy en EE. UU., inyectando unos $38 000 millones anuales a la economía. Para los rectores consultados, revocar visas por protestar puede ahuyentar talento, encarecer la matrícula doméstica y erosionar la reputación del sistema.
En el plano político, la medida refuerza la línea dura que Rubio ya había trazado meses atrás con la amenaza de bloquear visados H-1B y de investigación. Voces demócratas lo acusan de utilizar la seguridad nacional como excusa para silenciar críticas a la política exterior, mientras que grupos conservadores celebran la ofensiva como un freno “al activismo antisistema” en las aulas.
A corto plazo, el mayor impacto recae sobre los alumnos perder el estatus migratorio implica interrumpir carreras, mudarse a países vecinos o iniciar costosos procesos de apelación. Firmas legales en Miami y Nueva York ya reportan un alza de consultas de estudiantes que temen quedarse en un limbo migratorio si las revocaciones se disparan.
El pulso, lejos de resolverse, entra ahora en terreno judicial. Una jueza federal concedió un amparo preliminar a Harvard, lo que sugiere que los tribunales jugarán un papel clave para definir hasta dónde puede llegar el Ejecutivo en la revocación masiva de visas. Lo que ocurra en las próximas semanas marcará un precedente no solo para la academia, sino para todo extranjero que desee formarse o alzar la voz en territorio estadounidense.
