María Elba Debarbora, de 33 años, falleció el 25 de mayo en el Hospital de Reconquista luego de dos días en estado de muerte cerebral. Su expareja, Lucas Niemiz (27), irrumpió la noche del 23 de mayo en la casa de la víctima, en Villa Ocampo (Santa Fe), y la golpeó con un martillo en la cabeza, pese a que una orden judicial le prohibía acercársele. La justicia reclasificó el expediente como feminicidio agravado.
El historial revela múltiples denuncias de violencia de género y consumo problemático de sustancias por parte de Niemiz. Aun así, la restricción perimetral no bastó la policía confirmó que el encartado violó el perímetro en varias ocasiones antes del ataque, una situación que expone la fragilidad de los mecanismos de protección y el limitado seguimiento electrónico de agresores en la provincia.
Según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, en 2024 se registraron 283 feminicidios en Argentina, uno cada 27 horas, dejando 342 huérfanos; más de la mitad son menores de edad. El mismo organismo contabiliza 80 casos solo en el primer trimestre de 2025, mientras que MuMaLá eleva la cifra a 93 hasta el 29 de abril. La tendencia sugiere que 2025 repetirá o superará la marca del año pasado si no se refuerzan las políticas de prevención.
Especialistas en género advierten que la reducción de presupuesto en programas de asistencia, refugios y patrocinios jurídicos deja a las víctimas “a la intemperie”. Para Victoria Aguirre, vocera nacional de MuMaLá, “el vaciamiento de políticas públicas empeora el acceso a la justicia y genera un terreno fértil para la impunidad”.
Organizaciones feministas reclaman la implementación masiva de dispositivos duales de geolocalización uno para la víctima y otro para el agresor, más juzgados especializados y capacitación obligatoria para fuerzas de seguridad sobre la Ley 26.485. En Santa Fe, solo el 15 % de medidas de restricción incluye monitoreo electrónico, y los botones antipánico no garantizan respuesta inmediata cuando el agresor irrumpe con violencia física.
La causa Debarbora deja al descubierto los vacíos entre la letra de la ley y su aplicación real. Si el femicidio ocurre pese a denuncias previas y órdenes judiciales, la pregunta ya no es qué faltó advertir, sino por qué el Estado no llegó a tiempo. Mientras la fiscalía prepara la elevación a juicio, los colectivos de mujeres convocan para el 3 de junio aniversario del primer “Ni Una Menos” a una movilización nacional que volverá a reclamar presupuesto, control efectivo de perimetrales y perspectiva de género en todo el sistema de justicia.
Desde 2015, año de la primera marcha Ni Una Menos, Argentina acumula más de 2 800 feminicidios. Cada caso, como el de María Debarbora, recuerda que las estadísticas no son números son vidas arrebatadas que interpelan al Estado y a la sociedad entera.
