- Nuto, otro de los tres “fugitivos”, fue preso del 2013 al 2016 y en 2017 fue sometido otra vez por drogas y lavado
Una sentencia del 2019 que condenó a ocho años de prisión, cuatro de ellos suspendidos de manera condicional, al neerlandés Dennis Goedee, así como otras resoluciones judiciales citan que el extranjero es “dominicano”, debido a que se naturalizó y adquirió la nacionalidad dominicana.
La sentencia es consecuencia de la acusación que se le hizo en el 2015 por tráfico, lavado de activos y por violar la Ley 36 sobre comercio, porte y tenencia de armas y por la que estuvo en prisión preventiva un año. Tres de los cuatro suspendidos fueron en arresto domiciliario, según una resolución de la jueza suplente de Ejecución de la Pena, Ana I. Lee Florimón, y número 249-01-2020-SRES-00002, esta última levantaba esa medida, así como el uso de grillete.
Dennis Goedee o Dennis Geodee, también citado como Galy Poter (a) Denis, en las decisiones de los tribunales nacionales, es uno de los tres neerlandeses apresados el pasado fin de semana, pedidos en extradición por el Reino de los Países Bajos (Holanda) que los acusa de liderar las estructuras criminales “La Mocro Maffia” y "No Limit Soldier", dedicadas al asesinato, al narcotráfico y otros crímenes en Europa.
Uno de sus abogados, Freddy Castillo, dijo ayer que su cliente “niega todos los hechos” que le imputan. Explicó que su condena en el 2019 fue consecuencia de que negoció con el Ministerio Público después de ser detenido junto a su esposa de entonces “y con al menos tres o cuatro personas familiares de esa señora”.
“Estratégicamente eso fue conveniente porque él no estaba preso solo (…) Todo indicaba que era necesario que se hiciera ese acuerdo”, dijo Castillo.
Su detención reciente se hizo en operativos simultáneos en el Distrito Nacional que incluyó los apresamientos de Urvin Laurence Wawoe, alias Nuto, y a Terrence Angelo Richard de Vries, también neerlandeses.
Nuto, reincidente
Urvin Laurence Wawoe, alias Nuto, según la Resolución número 0670-2017-SNDC-02572, del año 2017, del juez Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional en ese entonces, estuvo preso del 2013 al 2016.
El citado magistrado le dictó en el 2017 la coerción de una garantía económica de un millón de pesos en la modalidad de contrato con una compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial, presentación periódica ante el Ministerio Público, el primer lunes de cada mes durante seis meses, y la colocación de grillete electrónico por la acusación de porciones de marihuana en varios allanamientos en su residencia, que era un apartamento en el sector Los Cacicazgo, también en una finca, en lugares donde se le incautó, además, vehículos y artículos como reloj de lujo.
Su defensa manifestó en ese entonces que “la investigación que inicia el Ministerio público dice que es porque hay una investigación que requirió colaboración internacional supuestamente por lavado de activos” y que en el expediente no aparece la supuesta colaboración internacional solicitada por Holanda”.
