SANTO DOMINGO. La ofensiva legal de los familiares de las víctimas del colapso del techo en la discoteca Jet Set no afloja: otras dos familias presentaron ayer querella en la Fiscalía del Distrito Nacional y la lista de acciones civiles ya asciende a siete.
Según el portal CDN, el abogado Félix Porte acudió nuevamente al Palacio de Justicia para inscribir las demandas de indemnización a nombre de parientes que perdieron seres queridos en el desastre del 8 de abril, donde un fallo estructural provocó 232 muertes y más de 200 lesionados.
Las nuevas querellas se suman a las de Catherine Najri Nadal, Melissa Tejada Sosa, Gustavo Noel Suero, Virgilio Rafael Aponte y Rauny Cedano, y todas apuntan directamente a la empresa propietaria del icónico centro nocturno y a su accionista mayoritario, Antonio Espaillat. El empresario, que rompió su silencio a la prensa internacional esta semana, admitió que el techo llevaba años parcheado con yeso y filtraciones de agua, prácticas que investigadores consideran detonantes del colapso.
Porte denunció, además, presiones de “un político del Este” que intentaría disuadir a las familias de demandar. El jurista anunció que llevará ese caso a la Procuraduría y advirtió que tales maniobras “entorpecen la justicia y se van a enfrentar con todo el peso de la ley”.
Un caso que trasciende la pista de baile
La tragedia sacudió a la capital y exhibió grietas en la supervisión de locales de alta concurrencia. Expertos en infraestructura recuerdan que la última gran investigación similar en la región la del supermercado Real Plaza de Trujillo en 2023 desembocó en multas récord y reformas de códigos de construcción. Aquí, el Gobierno dominicano creó una comisión mixta con ingenieros de Onesvie y peritos extranjeros para establecer las causas y deslindar responsabilidades.
Indemnizaciones y precedente legal
Aunque los querellantes se reservaron el monto exacto, fuentes cercanas al proceso estiman que la indemnización podría superar los 2 millones de dólares por víctima, tomando como referencia demandas por desastres comparables en Latinoamérica. Si se ratifica la cifra, el total superaría los 460 millones de dólares, una cuenta que pondría a prueba la solvencia del grupo empresarial de Espaillat y encendería los reflectores sobre sus aseguradoras.
Lo que viene
Porte adelantó que pedirá medidas de coerción económica para garantizar que la discoteca y sus accionistas no transfieran bienes durante la investigación. De prosperar, sería la primera vez que se aplica una inmovilización patrimonial preventiva a un negocio de entretenimiento en el país, un posible parteaguas para la responsabilidad empresarial.
Mientras tanto, los dolientes mantienen vigilia frente al Jet Set, hoy clausurado, donde velones, fotografías y notas recuerdan a las 232 vidas perdidas. A la par, la presión social por reformas en los controles de edificaciones abiertas al público gana fuerza: senadores de la provincia de Santo Domingo preparan un anteproyecto que obligaría a inspecciones anuales de techos y estructuras metálicas en todo el territorio nacional.
Con cada nueva querella, la historia del Jet Set deja de ser solo un trágico accidente para convertirse en espejo de las debilidades institucionales que, si no se corrigen, pueden costar vidas en cualquier esquina del país.
