Un juez de la Instrucción de Las Matas de Farfán envió a la cárcel pública de San Juan de la Maguana, por tres meses, a Víctor Alexander Amador, señalado como cabecilla de una trama de sextorsión que le arrancó a su víctima más de RD$1.3 millones mediante chantaje con imágenes íntimas.
Según el digital deultimominuto, es la primera vez que los tribunales de esa demarcación aplican una medida de coerción tan severa por delitos de extorsión en línea, lo que abre la puerta a fallos más contundentes contra este tipo de crímenes.
La investigación dirigida por la fiscal Rossy Pérez y supervisada por la procuradora fiscal Marggie Viloria Caraballo detalla que el imputado creó un perfil falso de “Yomaira Betancourt” en Facebook, sostuvo videollamadas con la víctima y, después de obtener su número de WhatsApp, exigió pagos cada vez mayores bajo la amenaza de divulgar material íntimo. En total se realizaron 11 transacciones bancarias y por agencias de envío que sumaron RD$1,351,238.00, violando el artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Juristas consultados resaltan que la decisión del juez César Quezada “da un mensaje claro de que la sextorsión dejó de ser considerada un simple pleito de redes y ahora se persigue con todo el peso de la ley”, algo que afirman podría replicarse en otros distritos judiciales donde aún predomina la libertad bajo fianza.
El fenómeno va en ascenso. La Dirección de Policía Cibernética (DICAT) recibe más de 1,500 denuncias al mes por sextorsión, acoso y otras modalidades de extorsión digital, una carga que superó las proyecciones oficiales para 2025.
Ese crecimiento local se enmarca en una tendencia regional América Latina y el Caribe es la zona del mundo donde los incidentes cibernéticos divulgados crecen más rápido 25 % anual en la última década y, paradójicamente, la menos protegida, con un puntaje promedio de ciberseguridad de 10.2 sobre 20, según un análisis citado por el Banco Mundial.
Organizaciones civiles que trabajan con víctimas piden reforzar la educación digital en escuelas y comunidades, mientras que fiscales recomiendan denunciar de inmediato y conservar las evidencias (capturas de pantalla, recibos de pago, enlaces) para acelerar las órdenes de arresto y los bloqueos de cuentas.
Con este fallo, Las Matas de Farfán no solo protege a la víctima de turno: también marca la cancha para futuros casos donde el “jueguito” de las amenazas virtuales se ha convertido en un negocio millonario para criminales que operan tras perfiles falsos.
