La decisión llegó un sábado en la tarde, casi sin ruido y con apenas un párrafo público: la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó detener cualquier expulsión de venezolanos recluidos en el Centro de Detención Bluebonnet, en el norte de Texas, mientras se resuelve el fondo del litigio que los enfrenta al gobierno del expresidente Donald Trump. La medida paraliza una ruta exprés que pretendía enviar a los detenidos directamente a Venezuela —o incluso a prisiones de terceros países— amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una herramienta legal nacida en tiempos de John Adams y escasamente invocada desde la Segunda Guerra Mundial.
Según la agencia EFE, el máximo tribunal actuó a petición urgente de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), tras advertencias de que los migrantes no habían recibido la mínima oportunidad de defenderse ante un juez ni el plazo razonable que la propia Corte fijó el mes pasado para presentar recursos de hábeas corpus. La orden —suscrita por mayoría, con las disidencias previsibles de Clarence Thomas y Samuel Alito— congela las deportaciones “hasta nueva disposición”.
Lee Gelernt, abogado de la ACLU, celebró el respiro judicial al apuntar que los detenidos se jugaban “el resto de sus vidas” en cárceles salvadoreñas sin un debido proceso previo. La organización asegura que al menos 137 venezolanos ya habían sido trasladados fuera de Estados Unidos bajo este esquema, muchos catalogados por la administración Trump como presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua.
Una ley del siglo XVIII en la política migratoria de 2025
La Ley de Enemigos Extranjeros permite al presidente detener o deportar ciudadanos de naciones consideradas hostiles durante un conflicto; la última vez que se usó de forma masiva fue para internar a japoneses, alemanes e italianos en campamentos durante la Segunda Guerra Mundial. Su resurrección en pleno siglo XXI ha encendido alarmas entre juristas que ven un paralelismo peligroso con capítulos oscuros de la historia estadounidense. De hecho, el mismo texto legal niega audiencias obligatorias, algo que hoy choca de frente con estándares modernos de debido proceso.
Aunque el futuro inmediato de estos venezolanos depende de lo que la Corte decida en cuestión de semanas, el caso ya se ha convertido en un nuevo pulso sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria. La administración Trump tendrá que convencer al tribunal de que puede respetar las garantías mínimas y, aun así, ejecutar deportaciones rápidas bajo la ley de 1798.
El contexto demográfico y la presión política
Estados Unidos alberga hoy a más de 600 000 venezolanos amparados por Estatus de Protección Temporal (TPS), cifra que se disparó con la extensión firmada por el presidente Joe Biden en enero. Aun así, decenas de miles siguen sin estatus regular y quedan expuestos a operativos como el de Bluebonnet. La paradoja es evidente: mientras se ofrece protección temporal a un grupo amplio, otro segmento enfrenta una vía de expulsión acelerada que, según expertos, pisotea el debido proceso.
El litigio también roza la política interna: sectores duros de la coalición trumpista presionan para convertir la Ley de Enemigos Extranjeros en un instrumento central de futuras redadas, argumentando que la crisis de seguridad pública en la frontera requiere medidas “de guerra”. Por el contrario, asociaciones de juristas y organismos de derechos humanos recuerdan que el Congreso nunca ha declarado a Venezuela —ni a ningún otro país latinoamericano— como enemigo bélico de EE. UU., requisito histórico para aplicar la norma.
Lo que viene
La Corte podría programar audiencias adicionales o simplemente mantener la suspensión en vigor mientras los tribunales inferiores revisan el caso de fondo. Entretanto, los abogados de los migrantes intentan demostrar que las expulsiones ya realizadas violaron la orden del tribunal emitida en abril, lo que abriría la puerta a sanciones por desacato contra funcionarios de inmigración.
En cualquier escenario, la resolución final sentará precedente: definirá si una ley preconstitucional puede convivir con los estándares constitucionales de 2025 o si, por el contrario, debe relegarse definitivamente a los anaqueles de la historia.
Para los venezolanos atrapados en Bluebonnet, el fallo de este fin de semana no es la victoria definitiva, pero sí un balón de oxígeno. Como diría uno en buen dominicano: no es el juego completo, pero vale oro aguantar la entrada en cero cuando el rival venía con todo. Y eso, en las grandes ligas de la justicia migratoria, puede marcar la diferencia entre volver a casa con las manos vacías… o con un debido proceso finalmente respetado.
