Antonine Niquez, de 53 años, perdió la vida a machetazos en el paraje La Javilla del batey Santa Rita, distrito de Santa Lucía (El Seibo). La mujer madre y jornalera de la caña fue atacada luego de resistirse a una agresión sexual presuntamente perpetrada por Wilkin Charles, de 22 años y también de origen haitiano, según el informe preliminar de la Policía Nacional.
Según CDN, el agresor huyó del lugar, pero residentes colaboraron con las autoridades para ubicarlo en los cañaverales cercanos. El cadáver de Niquez fue levantado por el DICRIM y remitido al INACIF de San Pedro de Macorís, mientras la comunidad organizaba una vigilia improvisada clamando justicia.
El caso reavivó el debate sobre la precariedad que viven las mujeres migrantes en los bateyes. Allí convergen pobreza, falta de documentación y aislamiento geográfico, factores que según organizaciones de derechos humanos— potencian los riesgos de violencia de género.
Las cifras confirman el escenario: entre enero y junio de 2024 se registraron 33 feminicidios en la República Dominicana, uno de ellos en El Seibo, de acuerdo con datos consolidados por Statista y basados en reportes oficiales. El organismo regional CEPAL agrega que el país cerró 2023 con una tasa de 2,4 feminicidios por cada 100 000 mujeres, la tercera más alta de América Latina, sólo superada por Honduras y muy por encima del promedio regional.
A nivel interno, la Procuraduría General de la República contabiliza 47 homicidios de mujeres (incluidos feminicidios) entre enero y mayo de este año, con Santo Domingo y San Pedro de Macorís encabezando la lista. Los especialistas subrayan que estas estadísticas se quedan cortas porque muchas agresiones, sobre todo en zonas rurales y espacios de trabajo agrícola, nunca llegan a tribunales.
“Mientras la violencia machista siga normalizada en los bateyes y la documentación de los temporeros haitianos esté en un limbo, la impunidad se hace la dueña del terreno”, advierte la socióloga María Teresa Cabrera, consultada para este reportaje.
El Ministerio de la Mujer lanzó en 2024 un plan piloto de casas de acogida móviles para zonas cañeras; sin embargo, las unidades más cercanas a Santa Lucía se hallan a más de 70 kilómetros, lo que limita su efectividad. Líderes comunitarios reclaman brigadas de orientación en creole, patrullaje mixto Policía-Migración y rutas seguras de transporte al hospital Teófilo Hernández.
Mientras la Fiscalía de El Seibo prepara la solicitud de medida de coerción contra Charles, el asesinato de Antonine Niquez deja al descubierto que la violencia no distingue pasaporte, pero sí aprovecha la desigualdad. Urge fortalecer la protección de las trabajadoras migrantes, porque cada batey que se queda sin luz ni voz abre la puerta a otro crimen.
