La noche del pasado martes se convirtió en una pesadilla para cientos de dominicanos que disfrutaban de la discoteca Jet Set, ubicada en la capital. Tras el desplome repentino del techo, los servicios de emergencia se movilizaron con rapidez para rescatar y brindar atención a los heridos. El episodio ha dejado al país consternado y demandando respuestas sobre el estado de las infraestructuras utilizadas para eventos multitudinarios.
De acuerdo con la cobertura de cdn y la periodista Elisabel Vizcaíno Vallejo, los informes más recientes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) confirmaron que la cifra de fallecidos llegó a 231 personas. Entre los afectados se encuentran 221 víctimas que perecieron en el lugar y 10 que perdieron la batalla mientras recibían cuidados médicos en diversos centros hospitalarios. El operativo coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y varias entidades de socorro evitó un desenlace aún más devastador, y permitió evacuar a decenas de asistentes que se encontraban atrapados bajo los escombros.
Las autoridades, encabezadas por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, expresaron su gratitud al personal médico, rescatistas y voluntarios que brindaron auxilio inmediato. El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que al menos un ciudadano puertorriqueño fue trasladado a su país a petición de sus familiares, mientras dos pacientes obtuvieron el alta médica y una docena continúa recluida en diversos hospitales. Tres de ellos permanecen en estado delicado, situación que mantiene a sus familiares en vilo.
La comunidad dominicana, en tanto, no olvida otros incidentes ocurridos en el pasado, donde deficiencias estructurales y falta de supervisión terminaron en tragedias. Expertos locales, citando experiencias recogidas por la Organización Panamericana de la Salud, insisten en la urgencia de reforzar las inspecciones y de revisar de manera rigurosa el mantenimiento de establecimientos con alta concurrencia.
Como es de rigor en este tipo de sucesos, la investigación para determinar las causas exactas del colapso sigue en curso. Las autoridades han hecho un llamado a la población para que cualquier persona que posea información contribuya al esclarecimiento de los hechos, pues se busca dilucidar si hubo fallas en el diseño, la construcción o la supervisión del establecimiento. En medio de la conmoción, diversos sectores sociales y políticos urgen al gobierno a intensificar la fiscalización de locales nocturnos para prevenir futuros incidentes.
El panorama, sin embargo, también demuestra la solidaridad dominicana cuando se presentan momentos difíciles. La respuesta coordinada de agencias estatales y la inmediata colaboración de ciudadanos voluntarios han generado un hálito de esperanza entre tanta pena. Es evidente que esta situación abre un nuevo capítulo de reflexión sobre responsabilidad y cumplimiento de normas para garantizar espacios seguros en todo el país.
