El pasado sábado 21 de marzo, en el sector Las Charcas del municipio Sabana Iglesia, la fatalidad tocó las puertas de una familia venezolana. Una joven identificada como María Issamal Villasmil Atencio perdió la vida durante un incidente con arma de fuego, y su acompañante, Deni José Caraballo Caldero, resultó herido en el altercado. La comunidad santiaguera está consternada por un suceso que evidencia la urgencia de redoblar los esfuerzos en seguridad ciudadana.
Según deultimominuto, el periodista Inocencio Encarnación dio a conocer los pormenores de la medida cautelar impuesta a Elías Enmanuel Díaz (conocido como “Nono”). La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, ordenó tres meses de prisión preventiva al imputado, en vista de la gravedad del hecho y de los elementos presentados por el representante legal de la familia de la víctima, el abogado Damián Arias. Desde esa perspectiva, la Fiscalía procura prevenir cualquier obstrucción de la investigación o riesgo de fuga.
En voz de su defensora pública, Milagros Rodríguez, se plantea la apelación de la decisión judicial por presuntas irregularidades en el arresto. Mientras tanto, familiares de la joven fallecida claman justicia, sumando su petición a las múltiples preocupaciones sobre la violencia en la provincia de Santiago. De acuerdo con el último reporte de la Procuraduría General de la República, la incidencia de homicidios en esta zona se ha mantenido relativamente estable en el último año, aunque cada caso se convierte en un golpe directo a la tranquilidad de la comunidad.
Este panorama refleja el crecimiento de la población venezolana en diferentes regiones del país y la necesidad de fomentar acciones de prevención y acompañamiento a migrantes en situación de vulnerabilidad. Organizaciones locales subrayan la relevancia de contar con políticas públicas de integración y programas de asistencia que salvaguarden la vida de todos los ciudadanos, independientemente de su origen.
Algunos conocedores del tema consideran que este lamentable episodio encierra lecciones sobre la convivencia y la importancia de reforzar campañas de desarme. Varias iniciativas municipales y nacionales han intentado disminuir la circulación ilegal de armas de fuego, pero los resultados no siempre son los esperados. En ese sentido, se requiere mayor involucramiento de las autoridades y de la misma sociedad civil para enfrentar este tipo de casos y promover entornos más seguros.
La jueza estableció el plazo de tres meses como tiempo para que la investigación formal consolide las pruebas necesarias y el proceso legal siga su curso. Sin duda, quienes presenciaron o vivieron de cerca el suceso esperan que se haga justicia y que este episodio sirva de campanada para revisar los mecanismos de prevención de la violencia en la región.
