El esperado proceso contra el campocorto dominicano de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, arrancó este lunes en el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata, pero no duró mucho: tras varias horas de debates técnicos, los jueces lo aplazaron para este jueves 5 de junio y convocaron a testigos clave para el viernes 6 y el lunes 9. El beisbolista de 24 años se enfrenta a cargos de abuso sexual, explotación comercial y trata de personas en perjuicio de una adolescente de 14 años.
Según la agencia AP, la Fiscalía sostiene que Franco retuvo a la menor por varios días en Villa Montellano y, posteriormente, envió dinero a su madre Marta Vanesa Chevalier para evitar una denuncia formal. La progenitora está acusada de lavado de activos por supuestamente invertir esas sumas en bienes raíces y vehículos. Ambas partes han negado los hechos; el abogado defensor, Teodosio Jáquez, insiste en que “no existe prueba vinculante” y que la joven “ha declarado en todo momento que no hubo relaciones sexuales”.
Más allá de la sala de audiencias, el caso sacude a las Grandes Ligas. Franco lleva casi dos temporadas sin ver acción: primero ingresó en licencia administrativa y luego en la “restricted list” en julio de 2024, lo que cortó su salario mientras MLB investiga por su cuenta bajo la política de violencia doméstica y abuso sexual.
El escándalo llegó apenas tres años después de que Tampa Bay le firmara un contrato récord de 11 años y 182 millones de dólares, con incentivos que podrían elevarlo a 223 millones si se ejerce la opción de 2033. Ese acuerdo, que en su momento ejemplificó la apuesta del club por el talento joven, hoy pende de un hilo de ser hallado culpable, Franco podría enfrentar de 10 a 15 años de prisión y, en términos de carrera, un castigo disciplinario similar o incluso mayor al que recibió Trevor Bauer, cuyo castigo inicial de 324 juegos por acusaciones de agresión sexual fue reducido a 194 tras arbitraje.
El precedente Bauer dejó claro que MLB no necesita una condena penal para imponer suspensiones drásticas. Para Franco, el umbral es todavía más alto se juzga un supuesto rapto, pagos encubiertos y la posible complicidad de un adulto responsable. El tribunal dominicano deberá decidir si las transferencias a la madre de la víctima registradas, según la Fiscalía, por unos 17 000 dólares constituyen “compra de silencio” o un simple acto de ayuda.
En Puerto Plata, la expectativa crece. La defensa confía en los testimonios de familiares que niegan la relación; el Ministerio Público, en cambio, adelanta que presentará mensajes y registros bancarios para trazar la relación económica entre el pelotero y la madre de la menor. Si el juicio cierra el lunes 9 como planean los jueces, la sentencia se conocería antes de que MLB defina su propio veredicto.
Para el deporte dominicano, acostumbrado a celebrar a sus estrellas, el caso funciona como recordatorio incómodo de que el éxito no vacuna contra la rendición de cuentas. Y para la liga, probará la solidez de un protocolo de protección infantil que, hasta ahora, no había enfrentado a un talento tan prometedor y lucrativo en pleno ascenso.
