Un operativo de inteligencia de la Policía Nacional terminó ayer con el arresto de Jean Litane Jule, un ciudadano haitiano señalado por amenazar de muerte a una dominicana y a toda su familia en el sector Pueblo Nuevo, provincia San Cristóbal. Los agentes de la Subdirección Regional de Inteligencia (DINTEL) capturaron al sospechoso la tarde del miércoles 23 de abril mientras merodeaba la calle Castillo Caonabo, donde reside la víctima.
Según reseña deultimominuto , la denunciante una mujer de 44 años cuya identidad se reserva por seguridad había advertido días atrás en redes sociales que temía que “le prendieran fuego a la casa con todos dentro”, tras recibir repetidas intimidaciones de Jule y otros nacionales haitianos que viven cerca.
Fuentes policiales explican que Jule será trasladado a la Dirección General de Migración para los trámites correspondientes a su estatus, un procedimiento cada vez más habitual desde que el Gobierno endureció las repatriaciones de extranjeros irregulares. Solo en octubre y la primera quincena de noviembre de 2024, la DGM deportó a 40 223 haitianos, cifra que sube a 48 000 si se suman los retornos voluntarios registrados en ese período.
Los defensores de derechos humanos advierten que la tensión no es aislada: en octubre pasado la República Dominicana llegó a expulsar casi 11 000 haitianos en una sola semana, lo que desató una airada protesta diplomática de Puerto Príncipe y el señalamiento de “política de limpieza étnica” por parte de su cancillería.
Entre la inquietud vecinal y la presión oficial
Vecinos de Pueblo Nuevo consultados describen un ambiente “encendido” desde principios de mes. “Aquí se armaban discusiones a cada rato; la señora vivía trancada con candado doble”, relató un dirigente comunitario que pidió anonimato. El miedo se intensificó cuando circularon audios en los que supuestamente se oían amenazas de incendiar la vivienda. Esa pista, junto con imágenes de cámaras de seguridad, ayudó a los investigadores a ubicar al sospechoso sin necesidad de un allanamiento mayor.
La Policía detalló que Jule no portaba documentos dominicanos válidos, un hallazgo que suele desencadenar la entrega inmediata a Migración. El protocolo, refrendado por el decreto 668-22, prioriza “la salvaguarda de la seguridad ciudadana” y permite la repatriación acelerada de extranjeros vinculados a hechos violentos.
Una chispa dentro de un polvorín
Expertos consultados ven el incidente como un eslabón más de la cadena de conflictos comunitarios que han surgido en barrios con alta presencia haitiana. “Cuando mezclas hacinamiento, crisis económica y discursos cada vez más duros sobre la migración, cualquier amenaza termina amplificada”, señala la socióloga Judith Fermín. La académica advierte que el caso pone de relieve la necesidad de protocolos claros de mediación vecinal antes de que intervengan los cuerpos armados.
Mientras tanto, organizaciones haitianas asentadas en el país llaman a sus compatriotas a mantener “perfil bajo” y formalizar su estatus cuanto antes para evitar ser deportados incluso por faltas menores. Al otro lado, líderes comunitarios dominicanos piden un refuerzo permanente de las patrullas en zonas sensibles y acceso a líneas de denuncia anónima.
Mirando hacia adelante
Con Jule bajo custodia, la querella por amenazas de muerte sigue su curso en la Fiscalía de San Cristóbal. La víctima y su familia reciben actualmente acompañamiento psicológico y vigilancia preventiva. Fuentes del Ministerio Público señalan que, si se confirma la veracidad de los audios intimidatorios, el extranjero podría enfrentar cargos penales antes de ser repatriado.
El Gobierno, por su parte, mantiene la línea de que las repatriaciones masivas son “un asunto de soberanía”, mientras organismos internacionales observan con creciente inquietud la escalada de fricciones en barrios fronterizos y periurbanos. En esa encrucijada, el caso de Pueblo Nuevo sirve de recordatorio de que cada operativo migratorio tiene un rostro humano y un vecindario que reclama vivir en paz.
